Tras el aumento histórico de la deuda pública hasta casi el 100% del producto interno bruto en 2020, debido a la contracción económica y el ingente apoyo público, los déficits fiscales se han reducido, conforme las medidas fiscales excepcionales relacionadas con la pandemia han llegado a su fin.

Como resultado, la deuda pública ha registrado en los dos últimos años la disminución más pronunciada en 70 años y se situó en 92% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales del pasado año, todavía en torno a 8 puntos porcentuales por encima de las proyecciones previas a la pandemia.

Las perspectivas a corto plazo son complejas. En un entorno de alta inflación, condiciones financieras más restrictivas y deuda elevada, las autoridades deben dar prioridad a mantener una política fiscal coherente con las políticas de los bancos centrales con el fin de fomentar la estabilidad financiera y de precios.

Muchos países necesitarán una orientación fiscal restrictiva para contribuir al proceso de desinflación en curso, en especial si persisten los altos niveles de inflación.

Una política fiscal más restrictiva permitiría que los bancos centrales no tengan que aumentar tanto las tasas, lo que ayudaría a contener los costos de la deuda pública y mantendría las vulnerabilidades financieras bajo control.

Los países de ingreso bajo afrontan desafíos especialmente graves. Realizar esfuerzos renovados para incrementar el ingreso es fundamental para restablecer la sostenibilidad fiscal, hacer frente a la crisis del costo de vida y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.