Denis Muñoz El salario mínimo en América Latina y el Caribe presenta grandes disparidades, según datos de la OIT recopilados por la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR). Mientras que en Perú el salario mínimo mensual es de US$274, en Bahamas alcanza los US$1,126, reflejando una diferencia del 310%. El Salvador se encuentra en la parte baja del ranking con US$365 mensuales. Sin embargo, estos valores nominales no reflejan completamente la capacidad de compra de los trabajadores, lo que resalta la necesidad de considerar indicadores como las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA).
El debate sobre los aumentos salariales suele generar resistencia en algunos sectores empresariales, a pesar de los estudios que demuestran los beneficios económicos y sociales de elevar el salario mínimo. Un ingreso digno no solo mejora el bienestar de los trabajadores, sino que también impulsa el consumo y el crecimiento económico. No obstante, la discusión no debe centrarse únicamente en el monto del salario, sino en garantizar que este permita a las personas cubrir sus necesidades básicas en función del costo de vida en cada país.
Otro tema clave es la estructura tributaria de los países de la región, que históricamente ha favorecido a grandes capitales y ha trasladado una mayor carga impositiva a la ciudadanía. La globalización y la libre circulación de capitales han influido en reformas fiscales que reducen impuestos a las grandes empresas y aumentan tributos indirectos que afectan en mayor medida a las poblaciones con menos recursos. Esta tendencia ha debilitado la capacidad de los Estados para financiar servicios públicos esenciales.
El impacto de estos cambios tributarios se refleja en la reducción de ingresos estatales y en la proliferación de paraísos fiscales, que facilitan la evasión de impuestos por parte de grandes corporaciones y fortunas. En consecuencia, los gobiernos de la región enfrentan dificultades para implementar políticas sociales y garantizar el acceso equitativo a educación, salud y otros derechos fundamentales. Se requiere una revisión profunda de los sistemas tributarios para lograr una distribución más justa de la carga fiscal.
La mejora de los salarios mínimos y una reforma tributaria equitativa son fundamentales para reducir la desigualdad en América Latina. Garantizar un ingreso digno y una tributación progresiva permitiría fortalecer el poder adquisitivo de la población y mejorar la capacidad de los Estados para invertir en desarrollo social. La clave está en diseñar políticas económicas que combinen crecimiento con inclusión, asegurando que los beneficios del progreso lleguen a todos los sectores de la sociedad.
