Redacción Dinero.com.sv 
En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el liderazgo femenino está ocupando espacios clave para impulsar cambios estructurales en la economía global. Uno de los debates más relevantes hoy no es simplemente si los activos digitales pueden utilizarse como garantía financiera, sino bajo qué reglas pueden ser jurídicamente exigibles, oponibles frente a terceros y ejecutables con la misma certeza que los activos tradicionales.
Juliana Sato, especialista en estructuración financiera y activos complejos, con más de una década de experiencia en situaciones especiales y desarrollo de soluciones para mercados en transformación, participó como parte de la delegación de IWIRC (International Women’s Insolvency & Restructuring Confederation), organización con estatus observador ante la UNCITRAL en el Coloquio “Harmonizing Law in the Age of Digital Trade and Finance” celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York este febrero.
Los coloquios de la CNUDMI (UNCITRAL) en las Naciones Unidas son foros de expertos para modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional ante nuevos desafíos tecnológicos y económicos.
En un momento en que los activos digitales buscan consolidarse dentro del sistema financiero tradicional, la discusión ya no gira únicamente en torno a la innovación tecnológica, sino a la estructura jurídica capaz de otorgar a los activos digitales estatus operativo real dentro del crédito, las garantías y el financiamiento estructurado.
La cuestión ya no es solo quién los acepta, sino cómo se asegura su oponibilidad, prioridad y ejecutabilidad en distintos marcos legales y jurisdicciones.
Durante el UNCITRAL Colloquium en Naciones Unidas, Nueva York que se realizó del 10 al 13 febrero 2026, se abordaron desafíos clave vinculados al uso de activos digitales dentro del comercio y financiamiento internacional.
“Sin estructura legal clara, los activos digitales no escalan dentro del sistema financiero global”, señala Sato.
Durante el coloquio se discutieron temas fundamentales para la consolidación jurídica de estos instrumentos, entre ellos:
● Eficacia frente a terceros y reglas de prioridad
● Interoperabilidad jurídica en operaciones transfronterizas
● Rol de las plataformas digitales en el comercio internacional
● Necesidad de marcos privados que aporten previsibilidad y confianza
Para Sato, el principal reto no es tecnológico, sino normativo. “El colateral digital es posible. La pregunta es bajo qué reglas opera, cómo se determina la prioridad entre acreedores y cómo se garantiza su eficacia frente a terceros”, explica.
Prioridad y eficacia: la base de la confianza.
En cualquier esquema de financiamiento, la certeza jurídica es la base del crédito. Sin reglas claras sobre prioridad y oponibilidad, los activos digitales enfrentan limitaciones para ser aceptados por bancos e instituciones financieras con la misma confianza que los activos tradicionales.
Otro punto clave es la interoperabilidad transfronteriza. En operaciones internacionales, la coexistencia de distintos marcos legales puede generar fricciones que impactan la ejecución de garantías y la recuperación de valor.
“La interoperabilidad jurídica será la condición que determine si los activos digitales pueden realmente operar a escala global”, añade.
Infraestructura digital y previsibilidad.
Más allá de la regulación pública, Sato destaca el papel de los marcos privados en la generación de estándares, prácticas contractuales y estructuras que aporten previsibilidad mientras la convergencia regulatoria avanza.
El debate, sostiene, se encuentra en un punto de transición: la infraestructura digital ya existe; el desafío es dotarla de seguridad jurídica consistente.
Un ejemplo claro de este avance es El Salvador, que a través de su Ley de Activos Digitales ha logrado posicionarse a la vanguardia en la región al establecer un marco específico para el sector. Este avance permitió posicionar al país como un hub emergente en materia de activos digitales.
Dentro de este ecosistema, eNor Securities participa activamente en el desarrollo de soluciones que integran infraestructura digital y sistema financiero regulado, operando con una mirada permanente hacia las discusiones globales sobre armonización normativa. La solidez del entorno salvadoreño no reside únicamente en su carácter pionero, sino en su capacidad de evolucionar en coherencia con las mejores prácticas internacionales y traducir la seguridad jurídica en operatividad concreta.
