Coralia Cuellar 
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, marcando un cambio significativo en la prevención y sanción de estos delitos en El Salvador. El enfoque principal de la normativa es ampliar la lista de sujetos obligados y aumentar considerablemente el monto de las multas para quienes incumplan las disposiciones, alineándose con los estándares internacionales actuales.
Entre las innovaciones más relevantes destaca la incorporación de nuevos sectores económicos y profesionales como sujetos obligados. Ahora, además de instituciones financieras tradicionales como bancos y aseguradoras, la ley incluye a proveedores de servicios de activos digitales, operadores de Bitcoin, partidos políticos, intermediarios inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, auditores y empresas relacionadas a metales y piedras preciosas, así como transportistas de dinero o valores. Estas categorías se suman a las empresas del sistema financiero, casinos, comercios dedicados a préstamos sistemáticos y organizaciones no lucrativas con alta exposición a riesgos.
El aumento en las sanciones es otro de los pilares en la nueva legislación. Para personas jurídicas, la multa por infracciones muy graves puede llegar hasta los 1,000 salarios mínimos mensuales del sector comercio; mientras que para personas naturales, la sanción puede alcanzar hasta 400 salarios mínimos. Además, los responsables podrían enfrentar la suspensión de operaciones, separación del cargo o inhabilitación para dirigir empresas por hasta diez años en casos de alta gravedad.
Con estas medidas, El Salvador fortalece su capacidad para detectar y combatir el lavado de activos, modernizando su marco regulatorio y promoviendo la cooperación entre entidades públicas y privadas. La ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, y los sectores obligados contarán con plazos específicos para adecuarse a la nueva normativa, bajo supervisión de autoridades competentes.
