Denis Muñoz 
La organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que la protección social es un derecho fundamental que busca garantizar un nivel mínimo de bienestar a todas las personas. Sin embargo, los datos actuales revelan una preocupante brecha en la cobertura global. Solo el 47% de la población activa laboralmente tiene acceso a al menos una prestación de protección social, dejando a más de la mitad de la población sin los beneficios que estos sistemas pueden ofrecer.
Esta situación refleja una desigualdad significativa en la distribución de recursos y en el acceso a servicios esenciales. El 53% restante es decir 4,100 millones de personas que no reciben ninguna forma de protección social se enfrentan a una mayor vulnerabilidad frente a riesgos económicos, laborales y de salud. Esta falta de cobertura puede traducirse en una mayor inseguridad financiera y una menor calidad de vida para una gran parte de la población.
El déficit en la protección social también tiene implicaciones para el desarrollo económico y social. Sin redes de seguridad adecuadas, las personas pueden verse obligadas a trabajar en condiciones precarias o a recurrir a estrategias de supervivencia que limitan su capacidad de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo comunitario. La ausencia de una protección adecuada puede perpetuar ciclos de pobreza y exclusión.
Para abordar esta problemática, es fundamental que los países y las organizaciones internacionales trabajen en la expansión y mejora de los sistemas de protección social. La inversión en estos sistemas no solo mejora la calidad de vida de los individuos, sino que también contribuye a la estabilidad económica y social. Garantizar una cobertura universal debe ser una prioridad en las agendas de políticas públicas y en la formulación de estrategias para un desarrollo inclusivo y sostenible.
