Alejandra Ortiz El y la sostenibilidad.
El autor parte de un enfoque histórico-estructural, influenciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por teorías heterodoxas que incluyen el marxismo, el post-keynesianismo, el feminismo y el institucionalismo. Con base en este marco, el libro revisa los modelos de desarrollo implementados en El Salvador desde 1990, analizando su impacto en la distribución de la riqueza, la inversión pública y el acceso a derechos básicos.
El texto describe tres períodos económicos bien diferenciados:Neoliberalismo radical y diversificación de exportaciones (1990-2009): caracterizado por una serie de reformas orientadas hacia el mercado, privatización de empresas estatales y la consolidación del sector financiero en manos de las élites. Este modelo fortaleció la concentración del ingreso sin abordar la desigualdad estructural.
Neoliberalismo mitigado y transformaciones productivas sociales (2010-2019): un intento de regulación del mercado con mayor protagonismo del Estado en inversión social, pero sin transformar la matriz económica heredada. Si bien se realizaron avances en educación y salud, estos fueron insuficientes para lograr un cambio estructural.
Neoliberalismo radical y ruptura del Estado de Derecho (2020-2021): se reintroducen reformas de mercado sin un programa claro de desarrollo. Se implementan medidas como la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), la legalización del Bitcoin como moneda de curso legal y reformas orientadas a la centralización del poder.
El Salvador ha transitado por estas etapas sin lograr una transformación productiva que genere crecimiento inclusivo. Según el autor, este patrón ha resultado en una mayor desigualdad, una clase trabajadora precarizada y una economía dependiente de las remesas.
El libro propone un modelo alternativo basado en la equidad, la redistribución del ingreso y una planificación económica centrada en las personas. Para ello, sugiere un pacto social que involucre a diversos actores del país: sector privado, academia, sindicatos, sociedad civil y organismos internacionales.
El autor plantea siete áreas para el desarrollo con igualdad de oportunidades:
Sistema de protección social universal: incluye políticas en salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda.
Transformación productiva y crecimiento inclusivo: impulsar la industrialización y la diversificación económica.
Seguridad ciudadana y cultura de paz: reformas en la justicia y erradicación de la violencia de género.
Participación ciudadana y transparencia: creación de mecanismos para la toma de decisiones más inclusivas.
Inclusión financiera y democratización del dinero: ampliación del acceso a crédito y regulación de criptoactivos.
Resiliencia ante el cambio climático: estrategias para mitigar los efectos ambientales en sectores vulnerables.
Justicia fiscal: reforma del sistema tributario para una distribución más equitativa de los ingresos.
El autor reconoce que la implementación de un nuevo modelo de desarrollo requiere una transformación estructural y un cambio en la cultura política. Para ello, propone iniciar un diálogo nacional con el objetivo de lograr un consenso en torno a una visión de país para 2050.
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