Denis Muñoz Los diputados de la Asamblea Legislativa continúan trabajando para garantizar servicios de salud dignos y de calidad para todos los salvadoreños. En la sesión plenaria número 64, se aprobaron importantes reformas presupuestarias orientadas a mejorar la infraestructura y atención médica en el país, así como a impulsar la innovación tecnológica y el bienestar del sector magisterial.
Con 60 votos a favor, se reformó la Ley de Presupuesto General de la Nación 2025 para asignar US$500,000 al Ministerio de Salud. Este refuerzo financiero permitirá avanzar en el Proyecto de Mejora de la Atención en Salud en El Salvador (PROMAS), beneficiando a 3.8 millones de usuarios de la red pública con la renovación de 60 unidades de salud, 30 laboratorios clínicos, y mejoras en tres hospitales prioritarios y el Centro Nacional de Cuidados Paliativos.
El diputado David Cupido destacó que la reforma fortalecerá la atención de emergencias y las capacidades operativas de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y la red hospitalaria nacional. Asimismo, resaltó que el Sistema Integrado de Salud (SIS) brindará atención más ágil y eficiente a la población salvadoreña.
En la misma sesión, con 55 votos, se ratificó un contrato de préstamo por US$75 millones entre el Gobierno y la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado al Programa Sectorial de Apoyo a la Gestión Integral para una Salud de Calidad. Los fondos se usarán para mejorar infraestructura, reforzar la salud preventiva, materno-infantil y crónica, capacitar personal médico, expandir la salud digital y fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
También se aprobaron US$549,419 para continuar la construcción del Centro de Terapia Dialítica y Prediálisis en San Miguel, beneficiando a 27,000 docentes de la zona oriental. “Ahora nuestros profesores no tendrán que viajar ocho horas a San Salvador para recibir este tratamiento”, afirmó el diputado Caleb Navarro, destacando el impacto directo en la calidad de vida del magisterio.
Ademas, con 57 votos, se autorizó una asignación de US$9 millones para la Secretaría de Innovación, destinados al desarrollo de un centro moderno de infraestructura de datos. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia de los servicios públicos, robustecer la seguridad digital, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la transparencia institucional.
