Denis Muñoz 
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido reducir el número de plazas de 2,500 a 1,500 para el año 2025, lo que representa un cambio significativo en su estructura. Para el pago de salarios y prestaciones, se destinará un presupuesto de US$36.7 millones, en contraste con los US$44.4 millones actuales y los S$55.3 millones de 2021. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, destacó que esta reducción de S$18.6 millones en el rubro de remuneraciones es una respuesta a la demanda de la población para un manejo más responsable de los fondos públicos. Castro subrayó la importancia de que todos los órganos del Estado trabajen en consonancia con las necesidades del país, enfatizando que se busca un «antes y un después» en la administración pública.
Desde que los diputados de Nuevas Ideas asumieron en 2021, han implementado una serie de recortes en el presupuesto legislativo. Inicialmente, encontraron un monto de US$58.3 millones, del cual redujeron US$700,000 en 2022 y realizaron recortes similares en los años siguientes. Para 2024, se aprobó otra reducción de US$4.2 millones, resultando en un presupuesto general de US$46.9 millones.
El presidente Castro también mencionó que los abusos del pasado en el uso de fondos públicos, como bonos y beneficios excesivos, han sido corregidos en esta administración. Esta política de austeridad busca garantizar un manejo responsable y eficiente del dinero público, en un contexto donde la confianza de la ciudadanía es fundamental.
El presupuesto de 2025 será de US$46.9 millones, lo que implica una disminución de US$7.2 millones respecto al monto de US$54.1 millones con el que opera actualmente. En comparación con el presupuesto de 2021, esto significa una reducción de US$11.3 millones, reafirmando el compromiso de la actual legislatura con la austeridad. El diputado presidente reafirmó que esta legislatura está marcando un hito en la historia del país, junto al Ejecutivo, al implementar cambios significativos en la administración pública. La aprobación del presupuesto general del Estado 2025, que estará completamente financiado, es un paso importante hacia un gobierno más eficiente y responsable.
