La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por la bancada republicana, aprobó el plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye un polémico impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense. Aunque inicialmente se planteaba un gravamen del 5%, el porcentaje fue reducido tras intensas negociaciones internas. El proyecto ahora se dirige al Senado, donde enfrentará una dura batalla legislativa para su aprobación final.

La medida fiscal afectaría directamente a los inmigrantes que envían dinero a sus países de origen, incluyendo a quienes tienen residencia permanente, visas de trabajo o cualquier tipo de amparo migratorio. Los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos de este impuesto. La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones migrantes y países receptores, al considerar que perjudica a millones de familias que dependen de estos ingresos.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2024 las remesas enviadas desde EE. UU. hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los US$160,900 millones, lo que representa un aumento de US$7,700 millones respecto al año anterior. Este flujo de dinero se ha convertido en una fuente vital de ingresos para numerosas economías en la región, especialmente en países con alta dependencia de estos recursos.

El Salvador, por ejemplo, recibió remesas equivalentes al 24% de su producto interno bruto en 2024. En Guatemala, representaron el 20%, en Honduras el 26% y en Nicaragua hasta un 27%. Estos ingresos son esenciales para cubrir necesidades básicas en millones de hogares, aliviar la pobreza y sostener el consumo interno en contextos de fragilidad económica.
De aprobarse este impuesto en el Senado, los países receptores podrían enfrentar un impacto significativo en sus economías y en el bienestar de las familias migrantes. Diversos analistas advierten que la medida podría reducir el volumen de remesas y fomentar el uso de canales informales de envío, con consecuencias negativas tanto para los gobiernos como para los beneficiarios directos de estos fondos.
