Alejandra Ortiz La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado un paso crucial para el desarrollo del país, aprobando cinco decretos que inyectarán una significativa cantidad de dinero en programas clave.
Estos fondos están destinados a fortalecer la producción agrícola, modernizar el sistema de transporte, mejorar la red vial y consolidar la estabilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante desastres naturales. Los legisladores han demostrado su compromiso con el progreso al respaldar estas iniciativas.
Uno de los decretos más importantes es la asignación de US$6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA). Este financiamiento se utilizará para el programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol», una iniciativa que busca apoyar a los agricultores nacionales. Los fondos, obtenidos a través de una modificación presupuestaria, permitirán la adopción de nuevas tecnologías para aumentar la productividad de estos cultivos básicos.
En el ámbito del transporte, los legisladores autorizaron al Ejecutivo a firmar un préstamo de hasta US$60 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este capital financiará el Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del AMSS, con el objetivo de optimizar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador. El proyecto incluye la implementación de un sistema de pago electrónico, la mejora de la infraestructura vial y la creación de un centro de inteligencia de datos para gestionar el tráfico.
Además, se aprobó la ampliación de una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un valor de hasta US$400 millones. Este monto será gestionado por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y se destinará a garantizar el mantenimiento continuo de las calles y carreteras en todo el territorio nacional. Con esta inversión, se busca mejorar la conectividad y seguridad vial para todos los salvadoreños.
Por otra parte, se autorizaron dos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), uno de US$250 millones y otro de US$100 millones. Ambos fueron aprobados con 57 votos, demostrando un amplio consenso en la legislatura. Estos fondos son vitales para la ejecución de programas enfocados en la sostenibilidad fiscal y la resiliencia del país ante cualquier contingencia.
Los préstamos con el BIRF, denominados «Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador», tienen un plazo de hasta 30 años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La aprobación de estos recursos reafirma la estrategia del gobierno de fortalecer la economía, garantizando una respuesta efectiva ante posibles crisis. La Asamblea demuestra así su compromiso con el bienestar y la protección del patrimonio nacional a largo plazo.
