
El 58.1% de las personas en El Salvador no sabe dónde interponer un reclamo o denuncia cuando enfrenta problemas con un producto o servicio financiero, una cifra que evidencia una brecha significativa de información y educación financiera en el país. El dato revela que más de la mitad de la población carece de claridad sobre los canales formales para defender sus derechos como usuarios del sistema financiero.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera, elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR), esta falta de conocimiento limita la capacidad de las personas para exigir soluciones ante cobros indebidos, incumplimientos contractuales o malas prácticas por parte de instituciones financieras. En la práctica, esto puede traducirse en pérdidas económicas, endeudamiento innecesario o resignación frente a situaciones que sí tienen vías de resolución.
El estudio también muestra el otro lado de la moneda: solo el 41.9% de la población afirma saber dónde presentar un reclamo o denuncia. Este grupo, aunque minoritario, tiene mayores herramientas para proteger sus finanzas personales y ejercer presión para que las entidades cumplan con la normativa vigente.

Entre quienes identifican alguna institución para presentar reclamos, el 50.2% señala que acudiría directamente a la misma entidad con la que tiene el producto o servicio financiero, lo que refleja que la primera reacción suele ser buscar una solución interna. En segundo lugar, un 35.6% menciona a la Defensoría del Consumidor como instancia a la que recurriría para presentar una denuncia formal.
Otras instituciones aparecen con porcentajes considerablemente menores. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil son mencionadas cada una por el 3.9% de los encuestados, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero es identificada por el 2.9%. La Procuraduría General de la República alcanza apenas el 1.2%, y un 0.8% menciona otras instancias.

Los resultados reflejan que, aunque existen múltiples instituciones responsables de proteger a los usuarios financieros, su rol y funciones no son plenamente conocidos por la mayoría de la población. Esta situación subraya la necesidad de fortalecer la educación financiera, no solo en temas de ahorro, crédito o seguros, sino también en derechos del consumidor y mecanismos de denuncia.
El BCR destaca que mejorar el acceso a la información y promover el conocimiento de estas instancias puede contribuir a un sistema financiero más transparente y equilibrado, donde los usuarios se sientan respaldados y con mayor confianza para utilizar productos financieros. En ese sentido, reducir el 58.1% de desconocimiento es clave para avanzar hacia una inclusión financiera más efectiva y justa en El Salvador.
