Denis Muñoz 
El Salvador cerró el 2024 destacándose como uno de los países con mayores contracciones anuales en los precios de combustibles y lubricantes. Según informó el Banco Central de Reserva (BCR), el país registró una inflación negativa del -5.1% en este rubro, posicionándose entre las economías con mejor desempeño en este ámbito a nivel global. Este logro ha favorecido el dinamismo de la economía salvadoreña y ha consolidado su posición como referente en la región.
En el listado global, El Salvador comparte este porcentaje de inflación negativa con Eslovaquia (-5.1%) y se sitúa por debajo de Finlandia (-7.2%) y Suecia, que lidera la lista con una notable contracción de -23.3%. Este comportamiento contrasta con países como Hungría, que encabeza el ranking de inflación en combustibles con un 8.3%, seguido por Colombia (7.9%), y otros como Dinamarca, Israel y Estados Unidos que también presentan incrementos significativos en este sector.
La estabilidad en los precios de combustibles en El Salvador es resultado de estrategias efectivas implementadas por el gobierno y el contexto internacional favorable en ciertos periodos del año. Estas medidas han permitido amortiguar los efectos de la volatilidad del mercado energético global, beneficiando tanto a los consumidores como a los sectores productivos del país.
Este desempeño positivo no solo impulsa la economía interna, sino que también refuerza la competitividad de El Salvador en comparación con otras economías de la región. La reducción en los precios de combustibles ha impactado directamente en la disminución de costos operativos para las empresas, lo que a su vez ha favorecido la estabilidad de los precios en otros bienes y servicios esenciales.
En un panorama global marcado por incertidumbres económicas, El Salvador se perfila como un ejemplo de gestión eficiente en el control de los precios de combustibles. Este logro no solo destaca en el ámbito regional, sino que también posiciona al país como un referente en la adopción de políticas económicas orientadas a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y fomentar el desarrollo sostenible.
