
Los instrumentos de financiamiento sostenible en América Latina y el Caribe alcanzaron en 2024 un valor acumulado de US$164,400 millones, consolidándose como una de las principales vías para movilizar recursos hacia la transformación productiva de la región. Esta cifra, que equivale al 27.2% del total de bonos emitidos por ALC en los mercados internacionales, contrasta con el 9.3% registrado en 2020 y refleja un avance significativo en la adopción de mecanismos financieros orientados al desarrollo sostenible, según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El estudio Perspectivas económicas de América Latina 2025: Impulsando y financiando la transformación productiva destaca que el crecimiento de los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y bonos azules abre una ventana de oportunidad para canalizar inversión hacia sectores estratégicos. Entre ellos figuran las energías renovables, la infraestructura sostenible, la conectividad digital y las industrias intensivas en tecnología, áreas clave para diversificar las economías y elevar el valor agregado de la producción regional.
Este dinamismo del financiamiento sostenible se complementa con el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), que en 2024 alcanzó el 2.8% del PIB regional, concentrándose principalmente en proyectos asociados a la transición energética, la digitalización y el desarrollo tecnológico. La OCDE subraya que este tipo de inversión no solo aporta capital, sino que también facilita la transferencia de tecnología y conocimientos, elementos esenciales para fortalecer la productividad y la competitividad.

No obstante, el informe advierte que persisten limitaciones estructurales en los mercados financieros de la región. La capitalización bursátil representa apenas el 37.4% del PIB, muy por debajo del 64.4% observado en las economías de la OCDE, lo que restringe el acceso a financiamiento de largo plazo. En este escenario, los bancos de desarrollo y las instituciones de financiamiento del desarrollo han asumido un rol cada vez más relevante para impulsar la capacidad productiva.
Un punto central es el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), consideradas fundamentales para el empleo y la diversificación económica. Según la OCDE, 32% de las carteras de estas instituciones se orienta a apoyar a este segmento, facilitando su acceso a crédito y promoviendo su inserción en actividades de mayor valor agregado.

El informe también resalta la importancia de fortalecer la cooperación regional y la armonización de políticas para maximizar el impacto del financiamiento sostenible. La inversión coordinada en energía, transporte y conectividad digital permitiría reducir costos, mejorar la eficiencia y acelerar la transición hacia una economía más resiliente y baja en carbono, mediante iniciativas regionales como mercados energéticos integrados o corredores digitales transfronterizos.
En conclusión, la OCDE plantea que el financiamiento sostenible se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Aprovechar su crecimiento, junto con políticas públicas coherentes y una mayor integración regional, será determinante para impulsar la inversión, modernizar las economías y avanzar hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible.
