Denis Muñoz 
El Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) de El Salvador contará con un presupuesto de US$37,334,019 para el año fiscal 2025, según lo aprobado por la Comisión de Hacienda, que analiza el Presupuesto General de la Nación. La ministra María Ofelia Navarrete, conocida como «María Chichilco,» detalló la distribución de estos fondos, que estarán destinados a fortalecer el desarrollo local, mejorar el bienestar social y optimizar la generación de valor público en los territorios del país.
Con este presupuesto, el MINDEL busca implementar diversas actividades y proyectos enfocados en la atención social, tales como el programa de indemnización a víctimas del conflicto armado y la asistencia a poblaciones en situación de inseguridad alimentaria. También se incluye la atención en el centro de día del cantón La Joya, Morazán. Además, se prevé el fortalecimiento de las competencias del personal de la institución y la implementación de un sistema informático que optimice la gestión institucional.
En cuanto a la distribución de los fondos, se asignarán US$3,751,318 para la dirección y administración institucional, cubriendo áreas como la administración general y la gestión financiera. Un monto adicional de US$4,495,210 estará destinado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, que incluye la asistencia alimentaria, humanitaria y técnica, así como el cumplimiento de la sentencia de El Mozote y la protección de los derechos de los adultos mayores.
El programa de erradicación de la pobreza recibirá la mayor parte del presupuesto, con un total de US$26,854,771, que se destinarán principalmente al apoyo en áreas de educación y salud en las comunidades más necesitadas. Además, se asignarán US$1,732,720 para el programa de indemnización a víctimas de violaciones de derechos humanos, y US$412,805 para apoyar el desarrollo económico local.
Finalmente, el MINDEL dedicará US$87,195 a la inversión en infraestructura, mejorando sus instalaciones físicas y avanzando en la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO 37001:2016, con el fin de asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
