Alejandra Ortiz La agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings ha reafirmado la calificación crediticia de El Salvador en ‘B-‘ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo, manteniendo una perspectiva estable. Esta decisión se basa en un equilibrio entre los persistentes desafíos fiscales del país y el acceso a fuentes de financiamiento clave provenientes de organismos multilaterales de crédito.
El reporte de S&P destaca que la perspectiva estable también considera la drástica mejora en la seguridad pública. Esta mejora podría potenciar el crecimiento económico y fortalecer el acceso del gobierno a un financiamiento más amplio. Sin embargo, la agencia advierte que los déficits fiscales elevados y la falta de avance en la implementación de políticas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían llevar a una rebaja en la calificación en los próximos seis a doce meses.
El Salvador se enfrenta a una situación fiscal que aún presenta un alto servicio de la deuda proyectado. En los últimos diez años, ha incumplido dos veces con los fondos de pensiones privados, lo que ha limitado su solvencia crediticia. La agencia recalca que la solvencia del país está restringida por un marco institucional débil y una gestión económica deficiente, además de un crecimiento económico moderado que ha mantenido al país más pobre que muchos de sus pares.
A pesar de los desafíos, S&P señala la posibilidad de elevar la calificación en los próximos 12 a 18 meses si El Salvador refuerza su desempeño fiscal. Esto le proporcionaría al gobierno una mayor libertad política para cumplir con sus compromisos de deuda a largo plazo. Una mayor claridad en la estrategia del gobierno para enfrentar los futuros pagos de deuda con los fondos de pensiones privados también fortalecería la solvencia del país.
Por otra parte, la agencia recalca que a pesar del acuerdo con el FMI, las presiones fiscales persisten. La deuda del país podría alcanzar un 91% del PIB para 2028, y una mayor dependencia de la deuda externa podría impedir que se reduzca en el futuro. El período de gracia para el servicio de la deuda con los fondos de pensiones aumentará la carga de intereses, que podrían llegar a ser del 20% de los ingresos, generando un desafío considerable para las finanzas públicas.
