
Cada vivienda entregada a familias reasentadas en el departamento de La Libertad representa una inversión de US$35,000, monto que cubre la compra del terreno, la construcción de la casa y la instalación de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y sistema de fosa séptica. Así lo informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante la entrega de llaves y escrituras de propiedad a beneficiarios del municipio de La Libertad Costa.
Las familias favorecidas residían anteriormente en zonas consideradas de alto riesgo, específicamente en derechos de vía del sector conocido como El Faro y en la comunidad Jerusalem. Estas áreas presentaban vulnerabilidad por su ubicación y condiciones inadecuadas para una vivienda segura.

Los nuevos hogares fueron construidos en la lotificación Estancia del Mar, ubicada en el cantón Cangrejera, en el distrito de La Libertad. De acuerdo con la funcionaria, el proyecto garantiza no solo una vivienda digna, sino también seguridad jurídica para las familias, al recibir formalmente sus escrituras de propiedad.
La ministra destacó que contar con escritura brinda certeza legal y elimina el riesgo de desalojos o conflictos por la tenencia del terreno, situaciones que afectaron a muchas familias en el pasado en distintas lotificaciones del país. Además, explicó que el terreno donde se edificaron las viviendas cuenta con los permisos correspondientes, lo que permite a los propietarios realizar futuras ampliaciones si así lo desean.

El Programa de Reasentamiento es ejecutado por el Sistema Nacional de Vivienda y está orientado a trasladar a familias que habitan en zonas de peligro, como orillas de ríos, quebradas, taludes o cárcavas. Durante la actual administración, este programa ha representado una inversión acumulada de US$56 millones.
Como parte de estas acciones, también se han entregado viviendas en proyectos como Vista al Lago, donde 79 familias recibieron nuevas casas, consolidando su patrimonio y mejorando sus condiciones de vida.
Las autoridades señalaron que la visión del Gobierno es garantizar que las familias salvadoreñas no solo accedan a una vivienda adecuada, sino que también cuenten con respaldo legal sobre su propiedad, servicios básicos instalados y condiciones seguras que protejan su integridad.
