Denis Muñoz La Fiscalía General de la República informó este día sobre la captura de Eugenio Chicas Martínez, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (2009-2014), por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Administración Pública. Chicas deberá enfrentar cargos penales ante los tribunales en los próximos días, sumándose a una condena civil previa emitida en noviembre de 2024, donde fue obligado a reintegrar más de US$200 mil al Estado por irregularidades financieras.
La detención se enmarca en una investigación por presuntos actos de corrupción durante su trayectoria en cargos públicos. Chicas ocupó posiciones clave como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia y como Diputado Propietario del Parlamento Centroamericano (Parlacen) entre 2011 y 2021. Según las autoridades, su patrimonio aumentó de manera injustificada durante estos periodos, lo que derivó en la demanda civil y, ahora, en la acción penal.
El caso evidencia los esfuerzos por combatir la impunidad en altos funcionarios. Chicas, figura cercana a gobiernos anteriores, enfrenta un histórico judicial que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción institucional. La condena civil de 2024, aunque separada del proceso penal actual, refuerza las sospechas sobre el uso indebido de recursos durante su gestión en entidades estatales.
Organizaciones sociales y expertos en transparencia han calificado la captura como un «paso necesario», aunque exigen que el proceso judicial sea ágil y transparente. Además, reclaman investigar posibles redes de complicidad en las instituciones donde Chicas ejerció autoridad, especialmente en el Tribunal Supremo Electoral, organismo clave en los procesos democráticos del país.
Chicas será presentado ante los tribunales en las próximas horas, donde se definirán medidas cautelares y el camino procesal. Mientras, la Fiscalía asegura que continúa recopilando pruebas para sustentar los cargos. Este caso se suma a otros emblemáticos en la región centroamericana, donde exfuncionarios enfrentan consecuencias legales por desvío de fondos públicos y abuso de poder.
