Denis Muñoz A partir del 11 de agosto de este año entró en vigencia la Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea Legislativa, sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial. La normativa establece un marco legal para prevenir, detectar y sancionar conductas inapropiadas de funcionarios en el uso de fondos y recursos públicos, con la participación de distintas instituciones estatales.
La ley crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SINAC), un ente coordinador que integrará a diversas instituciones con competencia en materia de contraloría, regulación y verificación del patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, así como de las entidades e instituciones autónomas.
De acuerdo con la normativa, la Fiscalía General de la República, a través de su titular, tendrá la atribución de elaborar la Política y el Plan Nacional Anticorrupción. Además, será responsable de emitir los reglamentos internos y las normativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones del SINAC y del centro especializado que se formará en el marco de esta ley.
El nuevo sistema busca fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la cooperación interinstitucional para combatir la corrupción en todos los niveles del Estado. La coordinación entre las entidades permitirá una detección más temprana de irregularidades y una respuesta más efectiva en materia de sanciones.
Con esta legislación, El Salvador se suma a los países que han implementado marcos legales robustos para enfrentar la corrupción. El gobierno asegura que el SINAC se convertirá en una herramienta clave para blindar el uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
