Denis Muñoz La Administración de Donald Trump ha lanzado una nueva medida en su política migratoria: ofrecer mil dólares a los migrantes indocumentados que decidan autodeportarse. Esta iniciativa, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca acelerar las expulsiones mediante incentivos económicos, reduciendo así los altos costos que implica cada deportación forzada, los cuales se estiman en más del 70% por encima del costo de una salida voluntaria.
La propuesta está diseñada para aliviar las presiones logísticas y presupuestarias que enfrenta el sistema migratorio estadounidense. Según el DHS, el pago se realizará una vez se confirme el regreso del migrante a su país de origen, aunque aún no se han detallado los mecanismos específicos para el desembolso. Los interesados deberán utilizar la aplicación CBP Home, una plataforma oficial destinada a canalizar las autodeportaciones de manera voluntaria y controlada.
Este cambio de enfoque responde a los limitados resultados obtenidos por la ofensiva antiinmigrante de Trump, basada principalmente en redadas, detenciones masivas y deportaciones forzadas. Aunque el Gobierno asegura haber deportado a unas 142,000 personas en los primeros días del nuevo mandato, esa cifra está muy por debajo de su objetivo declarado: expulsar a un millón de indocumentados por año. Se calcula que más de 13 millones de migrantes viven de forma irregular en Estados Unidos.
El uso del miedo como táctica —como las redadas violentas del ICE, el confinamiento sin representación legal y los traslados arbitrarios a terceros países— no ha generado los niveles de autodeportación que se esperaban. Casos como la deportación de venezolanos a cárceles en El Salvador han despertado duras críticas de organizaciones de derechos humanos y no han disuadido en gran medida a quienes optan por permanecer en el país.
Ahora, con esta nueva política, el Gobierno busca revertir la narrativa: de la intimidación al incentivo financiero. “La autodeportación es la forma más segura, económica y digna de abandonar EE. UU. si estás aquí ilegalmente”, expresó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La funcionaria agregó que la ayuda económica no solo cubre los gastos de viaje, sino que ofrece una compensación directa como aliciente.
Esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de defensores de los derechos de los migrantes, quienes la consideran una forma encubierta de presión económica. Sin embargo, para el Gobierno, es una vía eficaz para descongestionar el sistema migratorio, reducir costos y cumplir con sus metas de deportación masiva en un contexto donde las estrategias anteriores no han alcanzado los resultados esperados.
