Redacción Dinero.com.sv 
Tras 17 años sin datos actualizados, El Salvador comienza a despejar la niebla que ha marcado sus políticas rurales. Los resultados preliminares del V Censo Agropecuario, junto con el Informe MYPE 2025 del Observatorio MYPE, revelan una estructura productiva profundamente desigual: mientras una agroindustria tecnificada avanza, miles de microproductores agropecuarios sobreviven al margen del crédito, la tecnología y la política pública.
El contraste es evidente. En 2007 se contabilizaban unas 397,400 explotaciones agropecuarias. Hoy, el parque empresarial agropecuario formal estimado es de 49,648 unidades, equivalente al 5.6 % del total nacional, aunque especialistas advierten que la cifra podría estar subvalorada. Sin embargo, detrás de estos números persiste una economía invisible pero vital: la economía de patio.
Una economía que resiste
El censo confirma que la producción de patio, aunque reducida, sigue siendo un pilar de subsistencia rural. En 2007, los hogares mantenían más de 8.2 millones de aves de corral; para 2025, la cifra cayó a 6.3 millones, una reducción del 23.5 %, pese al crecimiento poblacional. Aun así, más de 6.4 millones de animales —entre aves, cerdos y ganado menor— continúan habitando los patios de las viviendas.
Para el 99.2 % de estos productores, personas naturales, esta producción cumple una función crítica: es despensa, empleo y seguro financiero frente al alza de los precios de los alimentos. De hecho, el sector agropecuario MYPE es el que menos logra trasladar los aumentos de costos a los precios de venta, apenas un 43.6 %, frente al 62 % promedio del resto del sector MYPE. La economía de patio, además de alimentar, absorbe parte del impacto inflacionario que el productor no puede trasladar al mercado.
Brecha digital persistente
El rezago tecnológico es otro de los hallazgos clave. El 43.8 % de los empresarios agropecuarios declara no utilizar ninguna tecnología en su operación diaria. Aunque el 61.9 % accede a internet mediante datos móviles, las velocidades disponibles —alrededor de 5 MB/s— son insuficientes para herramientas básicas de gestión digital, que requieren entre 50 y 200 MB/s. El costo mensual del servicio, entre US$40 y US$50, resulta inalcanzable para la mayoría.
Más preocupante aún es la percepción: el 46 % del sector agropecuario MYPE considera que la tecnología es ajena a su realidad productiva. Esta brecha de percepción representa un obstáculo estructural para cualquier política de modernización rural.
El abismo del crédito y la usura
La exclusión financiera alcanza niveles críticos. El 94.8 % de los productores pesqueros y una proporción similar del agro declara no haber solicitado crédito formal. No por falta de necesidad, sino por autoexclusión: la convicción de que los requisitos bancarios son inalcanzables.
Las consecuencias son severas. Se estima que 274,435 microempresarios del sector MYPE recurren a prestamistas informales, absorbiendo el 52.8 % de un mercado de usura que alcanzó US$617.6 millones en 2022. Las tasas efectivas anuales oscilan entre 1,869 % y 13,564 %, superando ampliamente el techo legal. El resultado es un círculo vicioso de sobreendeudamiento y rentabilidad negativa permanente.
Retos estructurales
Los datos del V Censo Agropecuario y del Informe MYPE 2025 plantean desafíos urgentes para el país: rediseñar la oferta financiera rural, invertir en infraestructura digital accesible, proteger la economía de patio mediante sanidad y asistencia técnica, y combatir la usura a través de inclusión financiera real.
Lejos de ser un vestigio del pasado, la microproducción agropecuaria sigue siendo un actor clave de la soberanía alimentaria. Reconocer su peso económico y social es el primer paso para construir políticas públicas que respondan a la realidad de quienes, desde sus patios, continúan sosteniendo una parte esencial del país.
