Redacción Dinero.com.sv 
En Cojutepeque, la rutina de Eduardo Castañeda, de 30 años, comienza cada mañana en la carpintería donde trabaja desde hace cuatro años. El taller está en el mismo municipio donde vive, una ventaja que para él es tan importante como el salario: no gasta en transporte y evita largas horas de traslado.
Eduardo siempre ha disfrutado trabajar la madera. Su jornada laboral inicia a las ocho de la mañana y termina a las cinco de la tarde, aunque existe cierta flexibilidad si necesita ausentarse por algún asunto personal. “El ambiente laboral es excelente. Si hay algún problema, lo solucionamos entre todos”, comenta.
Su salario semanal varía entre US$125 y US$150, dependiendo de las horas extra. Esto significa que sus ingresos superan el salario mínimo mensual vigente en el sector comercio y servicios, de US$408.80. Con ese dinero cubre la canasta básica y los servicios del hogar para él y otras dos personas que dependen de su ingreso.
Sin embargo, como ocurre con muchos trabajadores del sector, su empleo carece de prestaciones formales como afiliación al seguro social o cotizaciones para pensión. Eduardo explica que todas las empresas donde ha trabajado han sido informales, una situación común dentro del sector de las micro y pequeñas empresas (MYPES).
Aunque reconoce que la seguridad social es importante, también considera que otros factores influyen en la percepción de un buen empleo. “El día que no trabajo es el día que no me pagan. Ya lo tengo presente, va descontado en mi sueldo”, explica. Aun así, asegura que estaría dispuesto a cotizar para acceder al sistema de salud y pensiones si las condiciones lo permitieran.
Un sector mayoritariamente informal
El caso de Eduardo refleja una realidad extendida en el país. Según datos del Observatorio MYPE de FUSAI, el 96% de las MYPES salvadoreñas se mantienen en la informalidad, principalmente debido a factores económicos y barreras burocráticas que dificultan su formalización.
En su informe Estado de la MYPE 2025: la otra cara de la economía, la institución señala que los salarios representan el 68.6% del valor agregado generado por las MYPES formales. Al mismo tiempo, el excedente bruto de explotación, es decir, el margen que queda para invertir, crecer o enfrentar períodos difíciles, cayó por debajo del 20% entre 2022 y 2023.
Estas cifras reflejan las limitaciones financieras que enfrentan muchas pequeñas empresas para asumir los costos asociados a la formalidad, como cotizaciones a la seguridad social o el cumplimiento de otras obligaciones laborales.
En la práctica, esto significa que muchos negocios operan con márgenes reducidos. Para talleres pequeños como la carpintería donde trabaja Eduardo, absorber esos costos adicionales podría comprometer su sostenibilidad.
Ingreso inmediato y cercanía al hogar
Cuando se analiza la calidad del empleo en las MYPES, el debate suele centrarse en el salario mensual y el acceso a prestaciones laborales. Sin embargo, otros factores influyen en las decisiones de los trabajadores.
En muchos casos —especialmente entre jóvenes— pesa la posibilidad de recibir ingresos netos inmediatos, sin descuentos por cotizaciones obligatorias, así como la cercanía del lugar de trabajo con la vivienda. Esto permite reducir gastos y tiempo invertido en transporte, algo especialmente relevante en zonas donde las oportunidades laborales formales son limitadas.
Para trabajadores como Eduardo, estas condiciones hacen que los empleos en pequeñas empresas locales se adapten mejor a su realidad diaria.
La brecha de protección social
A pesar de estas ventajas, la falta de prestaciones sigue siendo uno de los principales retos del sector. De acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos, a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023, la cobertura de seguridad social en la población ocupada del país alcanza apenas el 36.5%.
Dentro del segmento de MYPES informales —que representa la gran mayoría de unidades productivas— esa cobertura es prácticamente inexistente.
Ampliar el acceso a la protección social sin afectar la viabilidad de las empresas es uno de los principales desafíos del mercado laboral salvadoreño.
Competitividad como punto de partida
Especialistas del sector señalan que mejorar la formalización requiere fortalecer la competitividad de las MYPES. Entre los factores clave se encuentran:
- capacitación en gestión empresarial,
- acceso a financiamiento en condiciones adecuadas,
- mejoras en procesos productivos,
- incorporación de tecnología,
- y acceso a nuevos mercados.
Los segmentos más grandes dentro del ecosistema MYPE, como las pequeñas empresas con mayor estabilidad financiera, han demostrado que cuando los ingresos se consolidan y existe acompañamiento técnico, es posible avanzar hacia relaciones laborales formales.
Un sector clave para la economía
Las MYPES desempeñan un papel fundamental en la economía salvadoreña. De acuerdo con estimaciones citadas en el informe del Observatorio MYPE, este sector aporta entre el 45% y el 48.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, una cifra que incluso supera el ingreso nacional por remesas.
En los últimos años, el Gobierno ha implementado medidas para facilitar el registro de empresas y simplificar algunos procesos iniciales de formalización. Sin embargo, analistas señalan que aún es necesario continuar reduciendo los costos administrativos y el tiempo requerido para cumplir con las obligaciones legales una vez que una empresa se formaliza.
Un desafío de largo plazo
El debate sobre las prestaciones laborales en las MYPES puede abordarse desde dos perspectivas. Una se enfoca únicamente en la brecha entre lo que exige la ley y lo que realmente ocurre en el mercado laboral. La otra plantea una pregunta más profunda: qué condiciones deben crearse para que la formalización sea viable para la mayoría de empresas del país.
La historia de Eduardo resume bien esa realidad. No rechaza la formalidad ni los beneficios que podría traer. Sin embargo, también valora las ventajas de trabajar cerca de casa y en un entorno laboral flexible.
El desafío para las políticas públicas consiste en lograr que ambos aspectos —protección social y sostenibilidad empresarial— puedan coexistir dentro de un sector que, por su peso económico y social, seguirá siendo uno de los pilares del empleo en El Salvador.
