Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa que incorpora el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el objetivo de evitar cargas excesivas para los pequeños negocios y facilitar su proceso de formalización. La modificación busca que los requisitos y gastos asociados a los procesos administrativos se ajusten a la capacidad y tamaño de las micro y pequeñas empresas (MYPE).
La medida forma parte de un conjunto de cambios aprobados con 57 votos para modernizar la normativa que regula a este sector productivo, ampliar sus oportunidades de financiamiento y fortalecer su desarrollo dentro de la economía nacional.
Durante el análisis de la propuesta, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, presentó a los legisladores datos que evidencian la relevancia del sector. Según las cifras expuestas, las micro y pequeñas empresas representan el 99.6 % del total de empresas y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador, lo que refleja su papel clave en la generación de empleo y dinamización económica.
Entre las disposiciones incorporadas en la reforma también se establece que las entidades que adquieran bienes o servicios de una micro o pequeña empresa deberán cancelar los pagos en un plazo máximo de 30 días. Si este período se supera, la institución responsable deberá asumir el pago de intereses por la mora.
Esta medida busca proteger la liquidez de los pequeños negocios, ya que los retrasos en los pagos suelen afectar su capacidad de operación y continuidad.
Otro de los cambios relevantes es la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas. De acuerdo con la reforma, una microempresa será aquella que registre ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y cuente con un máximo de 10 trabajadores.
En el caso de las pequeñas empresas, estas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos anuales y una plantilla de hasta 50 empleados.
Además, la normativa establece una subdivisión de las microempresas en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el propósito de identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas acordes a sus necesidades.
Las microempresas de subsistencia serán aquellas con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores. Las de acumulación registrarán ingresos superiores a ese monto y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, con entre tres y cuatro empleados. Mientras tanto, las microempresas de expansión podrán alcanzar hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales y contar con entre cinco y 10 trabajadores.
La reforma también promueve la simplificación de trámites, ya que la burocracia ha sido señalada como una de las principales barreras que enfrentan muchos emprendimientos para registrarse formalmente.
Como parte de los cambios aprobados, se creará el Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo que busca fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, el sector empresarial y actores territoriales para impulsar el crecimiento del sector. La implementación y supervisión de este sistema estará a cargo de CONAMYPE.
A nivel territorial, los gobiernos municipales deberán establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las MYPE. Estas instancias tendrán como finalidad promover proyectos y programas que impulsen el desarrollo económico en los territorios.
En materia de financiamiento, la normativa también impulsa la inclusión financiera del sector. Para ello, el sistema financiero deberá promover productos y servicios adaptados a las necesidades de las micro y pequeñas empresas.
La banca estatal y el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera promoverán instrumentos como sistemas de garantías, fideicomisos, arrendamiento financiero y capital de riesgo, con el fin de facilitar el acceso al crédito y apoyar el crecimiento de los pequeños negocios.
Asimismo, los programas de financiamiento deberán considerar requisitos más flexibles que tomen en cuenta factores como la capacidad de ingresos de las MYPE, el uso de garantías solidarias, su historial crediticio y el tiempo de operación, con el objetivo de fomentar su formalización y mejorar su competitividad en el mercado.
