
El Gobierno de Japón destinará aproximadamente US$3 millones para fortalecer la educación técnica vocacional y ampliar las oportunidades de empleo para jóvenes retornados o en riesgo de migrar de manera irregular en El Salvador.
La iniciativa será ejecutada con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, como parte de un acuerdo de cooperación que busca mejorar las capacidades de formación y facilitar la inserción laboral de personas entre 15 y 35 años, así como de sus familias.
Inversión para ampliar formación y empleabilidad
El financiamiento permitirá desarrollar una nueva etapa de un programa que estas instituciones impulsan desde 2020 y que ahora se ampliará con más recursos para fortalecer la educación técnica y las oportunidades económicas de la población.
De acuerdo con las autoridades, el proyecto busca responder a las necesidades del mercado laboral y ofrecer alternativas de desarrollo a jóvenes que enfrentan limitaciones educativas o laborales, así como a personas retornadas al país.
El embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, destacó que la inversión refleja el compromiso de su país con la educación y el desarrollo social.
“El aporte reafirma nuestra convicción de que la educación y la formación profesional son herramientas clave para generar oportunidades, fortalecer las comunidades y construir una sociedad más inclusiva”, expresó el diplomático durante la firma del acuerdo.
Mejora de infraestructura y formación docente

Parte de los fondos serán destinados a rehabilitar y equipar centros de formación técnica, incorporando tecnología que permita mejorar los procesos de aprendizaje y la calidad educativa.
Además, el proyecto contempla capacitación especializada para docentes, con el objetivo de fortalecer la enseñanza en modalidades de educación flexible dirigidas a jóvenes y adultos que buscan completar o ampliar su formación profesional.
Estas acciones buscan garantizar que los participantes adquieran habilidades prácticas que respondan a las demandas del sector productivo.
Alianzas con el sector privado
Otro componente importante de la iniciativa es la articulación con empresas privadas, con el propósito de facilitar pasantías, prácticas profesionales y oportunidades reales de empleo para quienes participen en los programas de formación.
La jefa de misión de la OIM en el país, Ana Medeiros, explicó que esta fase del proyecto busca fortalecer la cooperación entre instituciones públicas, centros educativos y el sector empresarial.
Según indicó, esta coordinación permitirá responder a las brechas educativas y laborales existentes, al tiempo que contribuye a reducir los factores que impulsan la migración irregular.
Desarrollo de habilidades y emprendimiento
El programa incluirá cursos técnicos, talleres y capacitaciones orientadas a mejorar las competencias laborales de los participantes, además de brindar herramientas para el desarrollo de emprendimientos.
La meta es que los jóvenes puedan acceder a empleos formales o generar oportunidades económicas propias, aprovechando sus capacidades y formación.
Alcance nacional del proyecto
La iniciativa tendrá presencia en varios territorios del país, incluyendo los departamentos de Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Morazán y Usulután.

Estas zonas fueron seleccionadas por su potencial productivo y por la presencia de sectores industriales que ofrecen oportunidades de inserción laboral para la población capacitada.
Coordinación institucional
La firma del acuerdo también contó con la participación de la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, Karla de Palma, y del viceministro de Educación, Edgar Eliseo Alvarenga.
Las autoridades destacaron que la cooperación internacional, sumada al trabajo interinstitucional, permite impulsar proyectos de alto impacto social orientados a mejorar las oportunidades educativas y laborales de la población salvadoreña.
Con la inversión de US$3 millones, el proyecto busca contribuir a fortalecer las capacidades de formación técnica en el país, ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes y generar condiciones que favorezcan el desarrollo económico y social de las comunidades.
