Con 55 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó reformas clave a la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, normativa que busca impulsar el uso de estas herramientas en áreas estratégicas como salud, energía, seguridad y transporte, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.

Durante la sesión plenaria número 64, los diputados avalaron cambios en los artículos 7, 8, 9 y 11, además de incorporar un nuevo artículo 8-A. Una de las modificaciones más relevantes fue la redefinición de la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que ahora se establece como una institución descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía funcional y carácter indefinido. Esta transformación fortalece su independencia y le permite operar sin depender directamente de un ministerio, relacionándose únicamente con la Presidencia de la República.
El artículo 8-A crea una base legal para el patrimonio y financiamiento de la ANIA, estableciendo como fuentes de recursos los aportes del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones e inversiones. Además, se refuerza la transparencia y la planificación presupuestaria, ya que la institución deberá presentar su propuesta financiera a la Presidencia para ser incluida en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación y aprobado por la Asamblea.

En materia de fiscalización, se establece que la Corte de Cuentas será responsable de auditar el uso de los fondos, incorporando mecanismos de control interno y auditorías independientes para garantizar una gestión responsable y eficiente. Esta medida apunta a reforzar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Las reformas también amplían las atribuciones del director ejecutivo de la ANIA, quien podrá intervenir en procesos de contratación y asumir representación legal en procedimientos judiciales o administrativos. Estas facultades buscan agilizar la operatividad de la agencia en sus tareas cotidianas.
Por último, el artículo 11 fue modificado para fortalecer la gestión interna de la institución. El Consejo Directivo tendrá nuevas funciones como la aprobación de la estructura organizativa, presupuestos anuales, tarifas por servicios, y la administración del personal. Con estas reformas, los legisladores reafirman su compromiso con el avance tecnológico del país, apuntando a un modelo de crecimiento económico basado en la innovación.