Coralia Cuellar 
La descentralización eléctrica en Centroamérica avanza como una estrategia clave para mejorar el acceso, la calidad y la seguridad del suministro energético en la región. Este modelo consiste en distribuir la generación de energía en múltiples puntos locales, acercando la producción a los lugares de consumo.
Con este sistema, la generación de energía eléctrica deja de depender exclusivamente de grandes plantas centralizadas, de manera tal que muchas empresas y comunidades tienen la posibilidad de generar su propia electricidad, preferentemente de fuentes renovables, lo que contribuye a reducir costos, aumentar la seguridad del suministro y llevar energía a zonas de difícil acceso. De acuerdo con el informe “Estrategia para una América Latina y el Caribe más renovable”, elaborado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), América Latina y el Caribe es la región con mayor porcentaje de energías renovables en su matriz eléctrica, fundamentalmente a partir de una fuerte penetración de la generación hidráulica.
La red regional ha avanzado hacia un sistema interconectado con el proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), una infraestructura de transmisión de energía eléctrica de más de 1.800 kilómetros conecta los sistemas eléctricos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero la descentralización busca complementar esto con generación local para mejorar resiliencia y autoabastecimiento. Esto ayuda a afrontar problemas de cortes en el suministro eléctrico y reducir la dependencia del sistema regional.
Un elemento clave de la descentralización son las microrredes: sistemas eléctricos locales que integran energías renovables, baterías y control inteligente. Pueden operar de forma autónoma o conectadas a la red principal, lo que aporta mayor flexibilidad y resiliencia ante interrupciones. Al acercar la generación al punto de consumo, reducen pérdidas en transmisión y mejoran la fiabilidad del suministro, evitando cortes prolongados. Al mismo tiempo, aceleran la adopción de fuentes limpias, como la solar y la eólica, y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.
En términos de reducción de emisión de dióxido de carbono (CO₂), generar energía en el mismo sitio y, con frecuencia, con fuentes renovables, disminuye la dependencia de combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero. Además, con sistemas eficientes y gestión inteligente se optimiza el consumo, se evitan pérdidas de recursos en transmisión y mejora la eficiencia. Por ejemplo, cada kilovatio-hora (kWh) ahorrado puede evitar alrededor de 800 gramos de CO₂; así, si un hogar reduce su consumo mensual en 25 kWh (aproximadamente 10% de un consumo de 250 kWh), estaría evitando cerca de 20 kilogramos (kg) de CO₂ al mes, lo que en un año equivale a alrededor de 240 kg menos de emisiones.
Con microrredes, usuarios y comunidades controlan su uso energético, genera ahorros operativos importantes y evitar penalizaciones por picos, mientras que los avances en la región consolidan un sistema más resiliente y eficiente orientado a ofrecer energía confiable, limpia y asequible, palanca directa del crecimiento social y económico regional.
Hasta el año 2026 en Centroamérica se proyecta una incorporación total de aproximadamente 2.308 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica en la región, distribuidos en 47 proyectos diferentes. La energía solar lidera esta expansión con 31 proyectos que aportarán cerca de 918 MW, de acuerdo con el Ente Operador Regional (EOR).
La demanda eléctrica en la región crecerá alrededor de 3,3% a 3,7% anual, y la mayor parte de la nueva capacidad cubrirá ese aumento, con especial protagonismo de la hidroeléctrica y la solar, según el EOR en el Planeamiento Operativo de América Central 2025–2026. En este escenario, la descentralización y las microrredes tienen un impacto significativo en la reducción de emisiones y en el ahorro operativo de empresas y comunidades. Por ejemplo, una pyme que consume 10.000 kWh al mes y logra reducir su demanda en un 10% mediante generación propia y gestión inteligente, estaría evitando el uso de 1.000 kWh mensuales de la red, lo que representa cerca de 800 kg de CO₂ menos cada mes, es decir, cerca de 10 toneladas al año.
“La descentralización energética no es solo un cambio tecnológico, también es social y económico. Al habilitar que comunidades, cooperativas y pymes generen su propia electricidad, abrimos empleo, fortalecemos economías locales e impulsamos la inclusión. A la vez, las microrredes nos preparan mejor ante huracanes e inundaciones, manteniendo servicios esenciales aún en emergencias. Y producir y gestionar energía de forma local reduce costos operativos y la exposición a los vaivenes de los combustibles fósiles, elevando la competitividad. En conjunto, estos beneficios aceleran la sostenibilidad económica y ambiental, y fortalecen la responsabilidad de quienes adoptan este modelo”, explica Lady Campos, gerente de Nuevos Negocios de Schneider Electric.
