Leydin Sorto 
Las limitantes económicas, como el acceso a la conectividad o los costos indirectos asociados a la educación por ejemplo, transporte, uniformes o alimentación, continúan siendo una de las principales barreras para que miles de niños, niñas y adolescentes salvadoreños asistan a la escuela. Esta situación no solo refleja desigualdades actuales, sino que también representa un riesgo económico a mediano plazo, al dejar fuera del sistema educativo a una parte importante de la futura fuerza laboral del país.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) y el Banco Central de Reserva (BCR), en El Salvador existen 1,399,461 personas entre 4 y 17 años, de las cuales 146,378 no asisten a la escuela. Aunque más de 1.2 millones están dentro del sistema educativo, la cifra de exclusión aún representa un desafío estructural con implicaciones directas sobre la productividad nacional.
El informe revela que las condiciones de pobreza siguen siendo determinantes en el acceso a la educación.
Entre los hogares pobres, 12.3 % de los menores no estudia, mientras que en la pobreza extrema, el porcentaje asciende al 13.9 %. En contraste, entre los hogares no pobres, la exclusión escolar baja al 9.3 %.
Estas cifras muestran que los hogares con menores ingresos enfrentan mayores costos relativos para mantener a sus hijos en la escuela, ya que deben destinar una proporción más alta de su presupuesto familiar a gastos no cubiertos por el sistema público.
La situación se agrava cuando se considera que muchos de estos jóvenes aún no tienen edad legal para incorporarse al mercado laboral, pero ya están quedando fuera de la educación formal. En términos económicos, esto podría traducirse en una futura reducción del capital humano disponible y en menores niveles de productividad para el país en la próxima década.
Por género, el estudio indica que 733,774 son hombres y 665,687 mujeres en el rango de edad escolar. De estos, 81,361 varones y 65,017 mujeres no asisten a clases, lo que evidencia una leve desventaja para los niños, especialmente en zonas rurales donde los costos de transporte y la necesidad de apoyar en labores agrícolas o domésticas limitan la permanencia en la escuela.
Economistas advierten que la exclusión educativa temprana podría generar un círculo vicioso de baja calificación, informalidad laboral y pobreza persistente. Por ello, fortalecer las políticas públicas de becas, transporte escolar y conectividad digital es esencial para evitar que la desigualdad educativa se convierta en un obstáculo estructural al crecimiento económico del país.
