Redacción Dinero.com.sv 
Entre las metas de la Corte Suprema de Justicia también está poner en marcha el Expediente Judicial Electrónico y ampliar las capacidades de las audiencias virtuales. Por esta razón, ha solicitado un presupuesto de US$533.4 millones para el próximo ejercicio fiscal.
Para cerrar la ronda de entrevistas a los titulares de los ministerios y las autónomas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2026, los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henrry Alexander Mejía.
Durante su intervención, el funcionario presentó y justificó el presupuesto de US$533,455,000 que la institución ha solicitado para su funcionamiento el próximo año y que representa un incremento respecto a los $492,325,380 con los que opera actualmente.
Del total solicitado, US$298,871,205 se destinarían a remuneraciones, US$91,234,945 a la adquisición de bienes y servicios y US$16,324,360 a gastos financieros. Otros US$245,415 serían para transferencias corrientes y US$57,273,230 para activos fijos.
El proyecto también contempla una asignación de US$19,610,675 para la continuidad de obras en ejecución, como el estacionamiento del edificio de oficinas administrativas y jurídicas de la institución, así como la construcción del Centro Judicial de San Martín.
Además, se prevé un presupuesto de US$46,220,170 para la construcción de un complejo destinado a la gestión documental y archivos del Órgano Judicial en Tecoluca, en San Vicente, y para un nuevo centro judicial en Ahuachapán.
Para 2026, el Órgano Judicial impulsa también proyectos tecnológicos clave, entre ellos la implementación del Expediente Judicial Electrónico, un sistema digital que reemplazaría el expediente físico en los tribunales. Es decir que toda la información de un caso judicial se gestionaría, almacenaría y consultaría de forma digital.
Asimismo, se pretende implementar la firma electrónica, fortalecer las audiencias virtuales e incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar y acercar los servicios de justicia a la población.
“El Órgano Judicial es uno de los que más necesidades tiene por la cantidad de casos que atiende, pero también porque tiene el deber constitucional de brindar pronta y cumplida justicia”, afirmó Mejía.
El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, expresó su respaldo a estos esfuerzos y enfatizó que los salvadoreños merecen pronta justicia.
“El país viene de épocas marcadas por la impunidad, donde las instituciones eran instrumentalizadas para fines políticos, se hacía mal uso de los recursos públicos y los criminales capturados salían de prisión apenas días después”, sostuvo Soriano.
El legislador destacó que el espíritu de justicia en El Salvador ha cambiado debido a la confianza que la población ha depositado en los servidores públicos.
“Los salvadoreños quieren seguir adelante; no quieren volver a la impunidad ni al tiempo en el que imperaba el crimen organizado”, afirmó el funcionario.
Resultados 2025
El magistrado presidente expuso a los parlamentarios algunos logros que ha tenido la institución este año, entre ellos el ahorro de $166,272 en arrendamientos, gracias a la inauguración de varias sedes judiciales como el Centro Judicial Contra el Crimen Organizado, el cual tiene 12 salas de audiencia con equipo de videoconferencias nuevo, seis tribunales con condiciones idóneas y debidamente equipado y 24 despachos judiciales.
Además, se construyó el Centro Judicial Apopa; la sala de audiencias del Juzgado de Paz de Intipucá y del Juzgado de Paz de Anamorós, ambas en el departamento de La Unión.
Otro logro fue el traslado de los tribunales especializados en crimen organizado desde las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez hacia espacios más adecuados. Esto ha permitido otorgarles despachos dignos y crear salas idóneas para procesos colectivos, acorde con la naturaleza de los casos que manejan.
Asimismo, se han fortalecido los equipos de videoconferencia para audiencias virtuales hasta los diferentes centros penales, la implementación de una plataforma para publicación de delitos judiciales y la creación de un sistema gestión de información penal para facilitar estadísticas de los procesos de las sedes judiciales.
