Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos reformas a la Ley Especial para la Comercialización, Registro y Protección de la Propiedad del Café, en las que se establece como “falta grave” la realización de actividades de procesamiento de café en cualquiera de sus estados sin estar acreditado ante el Instituto Salvadoreño del Café (ISC). Esta medida busca fortalecer la regulación del sector y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para operar dentro de la cadena productiva.
Las modificaciones también incorporan nuevas sanciones, entre ellas catalogar como “falta muy grave” las operaciones de compra o venta de café cuando se realicen con registros vencidos. Con estas disposiciones, las autoridades pretenden ordenar el mercado, asegurar la trazabilidad del producto y evitar prácticas irregulares que afecten la calidad y competitividad del café salvadoreño.
Además del enfoque sancionatorio, la reforma introduce cambios orientados a agilizar los procesos de comercialización. Uno de los principales ajustes es la reducción del tiempo para la emisión de permisos de exportación, que pasa de cinco días hábiles a un máximo de tres días tras la suscripción del contrato, con el objetivo de dinamizar las exportaciones.
Por otro lado, se amplía el plazo para que los exportadores informen al ISC sobre los contratos de venta al exterior, pasando de tres a diez días hábiles. Asimismo, se establece que los permisos de exportación tendrán una vigencia de 60 días hábiles, con posibilidad de renovación, lo que brinda mayor flexibilidad operativa al sector.
Las reformas también incorporan nuevas obligaciones para actores que anteriormente no estaban contemplados en la normativa. En ese sentido, los semilleristas y viveristas deberán registrarse ante el ISC, medida que busca formalizar su participación dentro de la cadena productiva del café.
De igual forma, beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores estarán obligados a reportar los ingresos de café de terceros para su procesamiento, especialmente cuando se trate de servicios contratados, fortaleciendo así los mecanismos de control y supervisión.
Según lo expuesto durante la sesión plenaria 105, estos cambios tienen como propósito facilitar la comercialización, abrir nuevas oportunidades para el sector cafetalero y promover el desarrollo económico del país, al tiempo que se refuerzan los controles para garantizar un funcionamiento más ordenado y transparente de la industria.
