Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar US$10,124,100 al Tribunal Supremo Electoral (TSE), recursos que serán destinados a la adquisición del inmueble donde actualmente funciona la sede central de la institución, ubicada en San Salvador.
La medida busca que el organismo electoral pueda comprar de forma definitiva el edificio que actualmente ocupa bajo arrendamiento, asegurando continuidad en sus operaciones administrativas y evitando depender de un esquema de alquiler.
Actualmente, el inmueble es arrendado a la empresa Alpha Inversiones, pero el contrato, que ya había sido prorrogado por tres meses, concluirá el próximo 31 de mayo, por lo que el refuerzo presupuestario surge como el mecanismo para concretar la compra antes de esa fecha.
De acuerdo con la información presentada, el monto asignado responde al valor del inmueble establecido en un avalúo emitido el 16 de enero de 2025 por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.
Ese avalúo fijó el valor de la propiedad en US$10,124,100, cifra que fue aceptada por la empresa propietaria, bajo la condición de que el pago se realice en una sola exhibición.
Los fondos que respaldarán esta operación provienen de recursos disponibles identificados tras la liquidación del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2024 y del Presupuesto Especial Extraordinario para el Sufragio en el Extranjero, ambos vinculados a los comicios realizados ese año.
Según se explicó, el 9 de marzo la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda verificó la existencia de un saldo disponible de US$11,452,851.68, provenientes de remanentes no ejecutados de esos presupuestos especiales.
De ese monto se tomarán los US$10.12 millones para financiar la compra del inmueble.
La decisión busca convertir en patrimonio institucional un inmueble que actualmente representa un gasto recurrente por arrendamiento, permitiendo al TSE contar con una sede propia para desarrollar sus funciones administrativas.
La adquisición también se plantea como una medida para dar estabilidad operativa al organismo electoral, evitando incertidumbre relacionada con renovaciones de contrato o continuidad del uso del edificio.
Además, al provenir los recursos de remanentes ya identificados, la reforma presupuestaria busca canalizar fondos disponibles hacia una necesidad institucional específica.
El Tribunal Supremo Electoral es la entidad responsable de la organización y administración de procesos electorales en el país, por lo que la disponibilidad de infraestructura para su funcionamiento forma parte de sus capacidades operativas.
Con esta reforma, el Órgano Legislativo orienta recursos para que la institución avance en la adquisición de su sede y garantice continuidad en sus labores administrativas desde un inmueble propio.
