Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de incorporar US$470,000 al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para la construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional, como parte de una reforma al Presupuesto General de 2026. La medida busca fortalecer la producción de alimentos dentro del sistema penitenciario, mejorar la operatividad de estos espacios y apoyar actividades vinculadas a la rehabilitación de personas privadas de libertad.
De acuerdo con lo expuesto ante la comisión, estos recursos forman parte de una incorporación total de US$1,518,671.87 provenientes de remanentes de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), originalmente destinado al Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador.
Según explicó el director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los fondos para las cocinas industriales permitirían adecuar espacios, dotarlos de equipamiento y reforzar la capacidad para la preparación de alimentos en centros penales priorizados. La iniciativa también busca contribuir a la sostenibilidad operativa de estos recintos y respaldar dinámicas orientadas a reducir el ocio carcelario mediante actividades productivas.
Como parte de esta misma reasignación de fondos, se destinarían US$970,671.87 para la adquisición e instalación de 776 dispositivos electrónicos de monitoreo. Estos brazaletes estarían orientados al seguimiento de personas privadas de libertad que participan en labores como reparación de infraestructura pública, limpieza de playas y otras acciones vinculadas al Plan Cero Ocio.
Además, otros US$78,000 serían incorporados para fortalecer institucionalmente la unidad ejecutora del MOPT, cubriendo servicios de consultoría, auditoría y gastos operativos relacionados con la ejecución de estos proyectos.
Durante la sesión, los parlamentarios también respaldaron otra reforma presupuestaria para incorporar US$8.7 millones al MOPT, destinados a ejecutar obras de mitigación en el río Grande de San Miguel, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y proteger tanto a las comunidades cercanas como a la infraestructura vial de la zona.
Estos recursos provienen de un préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y serán ejecutados en el marco del Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador.
Con estos fondos se financiaría el proyecto de rehabilitación de margen y bordas en el río Grande de San Miguel, enfocado en la recuperación de medios de vida en el cantón La Canoa.
Entre las obras previstas se contempla la construcción de 0.6 kilómetros de bordas con alturas de entre 3.5 y 4 metros mediante muros de gaviones, además de trabajos de control de erosión, reforestación, estudios topográficos, demolición de estructuras existentes, terracería e instalación de compuertas metálicas.
Según Hacienda, estas intervenciones buscan disminuir la vulnerabilidad de las comunidades aledañas, reducir impactos por crecidas y fortalecer la resiliencia de la infraestructura pública ante eventos climáticos.
Las iniciativas deberán continuar su trámite legislativo para su eventual aprobación. De concretarse, los recursos permitirían financiar proyectos orientados tanto al fortalecimiento penitenciario como a obras de mitigación y protección en zonas vulnerables.
