Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 59 votos una normativa que permitirá al Ministerio de Hacienda de El Salvador transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), con el objetivo de legalizar y entregar títulos de propiedad a familias de la comunidad Barrio La Aduana, ubicada en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste.
La medida se establece a través de la Ley Especial para la Transferencia de Inmuebles a favor de FONAVIPO, la cual crea un procedimiento ágil para que, una vez traspasados los terrenos, estos sean regularizados y adjudicados gratuitamente a los habitantes que por años han ocupado la zona.
La comunidad Barrio La Aduana se encuentra en un terreno urbano situado en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda. Este inmueble, propiedad del Ministerio de Hacienda, cuenta con una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 metros cuadrados están actualmente ocupados por las familias.
Además, los residentes utilizan un segundo terreno, ubicado al final de la avenida Francisco Osegueda, con una extensión de 1,573 metros cuadrados. Este espacio fue declarado en desuso por la alcaldía en febrero de 2023, lo que permitió su posterior asignación para fines habitacionales.
El proceso para concretar esta transferencia inició en julio de 2023, cuando el Consejo de Ministros autorizó el traspaso de ambos inmuebles a FONAVIPO. Posteriormente, en mayo de 2025, la decisión fue ratificada y enviada al Órgano Legislativo para su aprobación final.
El diputado Ángel Lobos destacó que la aprobación de esta ley representa un momento significativo para las familias beneficiadas, muchas de las cuales habían perdido la esperanza de regularizar su situación legal. Según señaló, esta acción permitirá convertir en realidad el acceso a escrituras y seguridad jurídica sobre sus viviendas.
Proceso de legalización
Con la entrada en vigencia de la ley (ocho días después de su publicación en el Diario Oficial) se iniciará el proceso de regularización. Podrán acceder al beneficio aquellas familias que hayan ocupado los terrenos de forma continua durante al menos 10 años.
El Ministerio de Hacienda asumirá el pago de las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la vigencia de la normativa. Posteriormente, FONAVIPO continuará con los trámites administrativos necesarios ante la alcaldía para completar la transferencia a los beneficiarios.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda de El Salvador, en coordinación con FONAVIPO, realizará un censo para identificar a las familias beneficiarias y aprobará la lotificación del terreno. A través de la Dirección de Legalización de la Propiedad, también se llevarán a cabo las mediciones, delimitación de lotes y gestiones ante el Centro Nacional de Registros para la inscripción correspondiente.
El proceso ha sido declarado de interés social, por lo que estará exento del pago de impuestos, derechos registrales y otros costos, facilitando así la entrega de escrituras a las familias.
Condiciones y garantías
La normativa establece que los beneficiarios no podrán vender, alquilar ni transferir las propiedades durante un período de 20 años, salvo que sea a favor de FONAVIPO para su reasignación. En caso de incumplimiento, la institución podrá recuperar el inmueble.
Sin embargo, se permitirá utilizar la propiedad como garantía para realizar mejoras en la vivienda, siempre que se cuente con la autorización correspondiente.
Finalmente, el fiscal general, Rodolfo Delgado, estará facultado para firmar la escritura de donación de los inmuebles en representación del Estado, formalizando así la transferencia a FONAVIPO.
Con esta aprobación, el Estado busca brindar seguridad jurídica a decenas de familias, facilitar el acceso a vivienda digna y avanzar en la regularización de asentamientos que por años han permanecido sin títulos de propiedad.
