Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de Disolución y Liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), con la que ambas entidades serán eliminadas y sus funciones pasarán al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La medida busca evitar la duplicidad de funciones y optimizar el uso de los recursos del Estado.
La normativa establece que las dos instituciones, creadas en 1996, deberán completar su proceso de cierre y liquidación a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Durante este período se deberán atender las obligaciones pendientes, organizar los archivos, liquidar los bienes y realizar la transferencia de recursos, contratos y demás responsabilidades.
Uno de los principales objetivos de la reorganización es garantizar la continuidad del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, cuyas funciones pasarán a ser administradas directamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La cartera deberá incorporar en su presupuesto los recursos necesarios para financiar las medidas de protección, brindar atención y coordinar las acciones con otras instituciones.
El personal de la UTE que sea necesario para mantener este programa podrá ser trasladado al Ministerio. Para los empleados que no sean requeridos, la ley contempla una indemnización equivalente a un salario mensual por cada año de servicio o por una fracción mayor de seis meses, calculada sobre su último salario nominal.
La indemnización tendrá un límite de 24 remuneraciones para quienes tengan salarios de entre US$408.80 y US$900, mientras que para quienes devenguen US$901 o más, el límite será de 12 remuneraciones. Los pagos deberán efectuarse durante los primeros tres meses de 2027, junto con los demás derechos laborales que correspondan.
En cuanto a los recursos destinados al programa, el presupuesto inicial de la UTE era de US$6.5 millones, de los cuales US$4.5 millones estaban destinados al programa de protección de testigos. Sin embargo, según lo expuesto, luego de reorganizaciones presupuestarias dentro del Ministerio, los fondos destinados a esta finalidad se redujeron a US$2.4 millones.
Durante la transición, la Dirección General de la UTE continuará encargada de su administración y representación legal para cumplir con las obligaciones pendientes y completar los trámites de cierre. Además, se conformará un Comité de Liquidación, integrado por personal de la institución y acompañado por representantes del Ministerio, para realizar el inventario, organizar archivos y gestionar la liquidación de bienes y transferencia de recursos, contratos y obligaciones.
El presupuesto asignado a la UTE durante el actual ejercicio fiscal será utilizado para cubrir las obligaciones pendientes y financiar su proceso de liquidación. Con la aprobación de la ley, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública asumirá directamente las competencias relacionadas con la protección de víctimas y testigos, mientras se completa el cierre administrativo de las entidades creadas en 1996.
