Redacción Dinero.com.sv 
La Defensoría del Consumidor cerró 2025 con una cifra histórica en la protección de los derechos económicos de la población salvadoreña, al recuperar US$57.6 millones a favor de los consumidores, monto que representa un récord institucional y un incremento de más del 40% en comparación con 2024.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, confirmó que estos recursos fueron restituidos tras comprobarse incumplimientos en distintos sectores del mercado, beneficiando directamente a 329,491 consumidores. El funcionario subrayó que los resultados responden a un trabajo sostenido y estratégico. “No son producto de la casualidad, sino de acciones intencionales enfocadas en la defensa del consumidor”, afirmó.
Del total recuperado, más de US$43 millones corresponden a la resolución de 130 casos colectivos, mecanismo que se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas para resarcir daños económicos a gran escala. A esto se suman US$13.8 millones obtenidos a través de la atención y cierre de 22,455 casos individuales, reflejando una intervención constante en conflictos directos entre consumidores y proveedores.
Aunque en segundo plano, la Defensoría detalló que el sector inmobiliario concentra el mayor monto recuperado, con US$41.9 millones, en beneficio de más de 18,000 personas, lo que evidencia la relevancia de la vigilancia en este rubro de alto impacto económico.
Como parte de sus labores preventivas, la institución también ejecutó más de 5,000 verificaciones a escala nacional, de las cuales cerca de 1,969 estuvieron orientadas a la detección de productos vencidos. En estos operativos se identificaron más de 4,000 productos fuera de fecha, los cuales fueron destruidos de inmediato como medida cautelar.
La Defensoría del Consumidor recordó que mantiene habilitados los canales de atención 910 y el WhatsApp 7844-1482, para recibir denuncias y consultas de la población.
Con estos resultados, la institución reafirma su papel como garante del cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, en línea con la política del Estado de proteger la economía de las familias salvadoreñas y actuar con firmeza ante prácticas que vulneren sus derechos.
