
Desde el 1 de enero de este año, Estados Unidos aplica un impuesto federal del 1% a determinadas remesas enviadas al extranjero, una medida que impacta directamente a quienes envían dinero fuera del país mediante métodos físicos. El nuevo gravamen forma parte de la ley federal Want to be the Beautiful Big Act, aprobada en julio de 2025 durante la administración del presidente Donald Trump, y ya está siendo cobrado en los puntos de envío autorizados.
El impuesto se aplica a todas las personas que envían remesas desde Estados Unidos, incluidos ciudadanos y residentes legales. Sin embargo, especialistas coinciden en que el efecto será mayor en la población migrante y en las familias que dependen de las remesas como una fuente clave de ingresos, debido a que una parte significativa de estos envíos se realiza en efectivo.
De acuerdo con la normativa, el gravamen del 1% se cobra únicamente a las remesas financiadas mediante instrumentos físicos, como efectivo, cheques de caja y giros postales. El monto adicional se calcula en función de la cantidad enviada: a mayor suma, mayor será el impuesto que deberá pagar el remitente. El cobro se realiza directamente en la empresa o institución financiera utilizada para el envío, la cual está obligada a reportar lo recaudado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La ley establece exenciones importantes. No están sujetas al impuesto las remesas realizadas a través de medios digitales o bancarios, como transferencias desde cuentas bancarias, pagos con tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos, billeteras electrónicas y tarjetas prepagadas. Estas modalidades continúan operando sin el recargo del 1%, lo que ha llevado a muchos usuarios a considerar un cambio en la forma de enviar dinero.
Ante la entrada en vigencia del impuesto, algunas empresas de envío de remesas han comenzado a ofrecer alternativas para evitar el cobro. Un ejemplo es Western Union, que dispone de una tarjeta que permite cargar dinero en efectivo y realizar el envío como una transacción digital, lo que excluye la operación del impuesto al no clasificarse como remesa física.

El impacto del nuevo gravamen se concentrará principalmente en migrantes que envían dinero en efectivo, así como en estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros y familias que realizan pagos al exterior utilizando métodos tradicionales. Para estos grupos, el impuesto representa un costo adicional que, aunque porcentualmente bajo, puede acumularse con el tiempo y reducir el monto final que reciben los destinatarios.
