Alejandra Ortiz 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto la implementación de la “tarifa verde”, un impuesto turístico para los visitantes extranjeros. El objetivo es financiar la adaptación al cambio climático y la protección ambiental, una medida crucial para la sostenibilidad de la región. A diferencia de otros impuestos, los fondos se destinarían exclusivamente a proyectos de conservación.
En El Salvador, esta propuesta cobra especial relevancia debido al crecimiento constante del sector turístico. Los datos oficiales muestran un aumento significativo en los ingresos, pasando de US$7.4 millones en 2010 a US$21.2 millones en 2024. Expertos señalan que la tarifa verde podría ser una herramienta innovadora para ligar el turismo con la sostenibilidad.
El economista Ricardo Valmore López explica que, si El Salvador recibiera 100,000 turistas al mes y aplicara un 5% diario, la contribución financiera sería considerable. Sin embargo, también advierte sobre el posible efecto desincentivador en la actividad turística, subrayando la necesidad de un análisis cuidadoso antes de su implementación.
Los destinos salvadoreños más populares, como Surf City, la Ruta de las Flores y el Lago de Coatepeque, se enfrentan a la amenaza de la degradación ambiental. Sin una inversión adecuada, la contaminación y la deforestación podrían afectar gravemente su atractivo, comprometiendo los principales focos del turismo en el país.
El contar con recursos específicos para la prevención del daño ambiental se vuelve una prioridad. La implementación de la tarifa verde podría mejorar los medios de vida y la calidad de vida de la población en general. Países como Hawái, México, Canadá e Italia ya aplican una medida similar, demostrando su viabilidad.
