
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió públicamente a un pronunciamiento de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien cuestionó el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y compartió testimonios de personas que aseguran haber sido señaladas como pandilleras sin pruebas y posteriormente deportadas al país.
En su mensaje, Clinton invitó a conocer los relatos de Juan, Andry y Wilmer, quienes afirmaron haber sido enviados a la prisión salvadoreña tras decisiones adoptadas por la administración del expresidente Donald Trump. Según esos testimonios, los afectados fueron catalogados como miembros de pandillas sin un debido proceso.
Ante estas declaraciones, Bukele aseguró que, si existen señalamientos de torturas u otras violaciones a los derechos humanos en el CECOT, el Gobierno salvadoreño está dispuesto a cooperar plenamente para aclarar la situación. En ese contexto, planteó que El Salvador estaría dispuesto a liberar a toda su población carcelaria, incluyendo líderes de pandillas y personas consideradas presos políticos, siempre y cuando algún país esté dispuesto a recibirlos en su totalidad.

El mandatario señaló que esta medida también permitiría a periodistas y organizaciones no gubernamentales acceder a un mayor número de exreclusos para conocer sus testimonios, lo que, según expresó, facilitaría la verificación de las denuncias que se hacen contra su administración.
Bukele sostuvo que, si los señalamientos reflejan una problemática estructural, un número más amplio de fuentes debería respaldar esas afirmaciones y motivar a otros gobiernos a ofrecer protección a los afectados. Mientras tanto, afirmó que su gobierno continuará priorizando la seguridad y los derechos humanos de la mayoría de la población salvadoreña, a la que atribuyó el beneficio de vivir sin el control de las pandillas.
El intercambio se produce en un contexto de atención internacional sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador y el funcionamiento del CECOT, considerado una pieza central en la estrategia gubernamental contra las estructuras criminales.
