Alejandra Ortiz El Gobierno de El Salvador sigue realizando los esfuerzos necesarios para que las familias salvadoreñas tengan acceso a una vivienda digna. Gracias al clima de seguridad que se vive ahora en el país, más personas desean adquirir una propiedad y ello ha incidido también positivamente en la atracción y ejecución de inversón privada.
“Desde el Ministerio de Vivienda se está trabajando con la empresa privada en proyectos habitaciones de interés social, para garantizar espacios dignos y al alcance del presupuesto de la población”, así lo aseguró la ministra del ramo, Michelle Sol, resaltando que se han creado marcos legales para facilitar la ejecución de las iniciativas a los inversionistas.
“Hay varias iniciativas en el tema de inversión en el país y el tema de construcción no se ha quedado atrás. Recientemente ha sido creada la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), que viene a facilitar la tramitología de la que tanto los inversionistas se quejaban que en el pasado”, expresó.
El sector inmobiliario atraviesa un buen momento, ya que el Gobierno de El Salvador ha otorgado seguridad jurídica a los inversionistas, ha eliminado la burocracia para que se desarrollen sus proyectos y ha mejorado la seguridad pública. La ministra Sol destacó el incremento que se ha tenido de la demanda en el tema de vivienda, debido al respaldo que se ha dado a los empresarios.
“Tenemos pláticas y reuniones con la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), para estos proyectos. Hemos tomado en cuenta las opiniones de ellos para crear marcos legales, que los incentiven a construir viviendas de interés social. Hay muchas familias que quieren invertir en su casa. Es una oportunidad de negocios para el sector privado”, aseguró.
Los proyectos de vivienda de interés social deben ser zonas donde haya acceso a transporte público, se cuente con los servicios básicos y no sean espacios que pongan en riesgo la vida de las familias.
El Gobierno de El Salvador mantiene su visión de apoyar y trabajar de la mano con la empresa privada, otorgándoles reglas claras para que continúen confiando en el país para realizar sus inversiones en proyectos habitacionales a precios justos para la población.
