Alejandra Ortiz 
Debido a la alerta epidemiológica, el Gobierno salvadoreño, por medio de la Defensoría del Consumidor (DC), realizó nuevos requerimientos de información a proveedores de las principales cadenas de farmacias, ferreterías y supermercados que comercializan repelentes e insecticidas contra los zancudos y mosquitos.
En este sentido, la DC informó que los datos comprenden desde los inventarios y compras de productos antimosquitos hasta las ventas y precios al consumidor, con el fin de prevenir prácticas abusivas como el incremento injustificado de precios. Dicha información deberá ser contestada a la Defensoría del Consumidor, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la comunicación de dicha notificación, que fue realizada este lunes.
Asímismo, advirtieron que evadir obligaciones legales al no remitir la información requerida, o suministrarla de forma incompleta o extemporánea, expone a los proveedores a multas hasta de 500 salarios mínimos mensuales en la industria, por infracciones muy graves al Artículo 44, literal f, en relación con el Artículo 7, literal h.
Además, estas nuevas inspecciones buscan contribuir a la prevención de la transmisión de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, entre otras, garantizando a la población el acceso a los repelentes antimosquitos e insecticidas a precios justos. Por ello, el Gobierno actuará con firmeza en caso de comprobarse incremento injustificado de precios o restricción de venta en cualquier establecimiento de estos productos esenciales.
Por lo anterior, el presidente de la Defensoría del Consumidor hace un llamado a la población para que coopere con el combate a la especulación, informando a la institución cualquier abuso en los precios a través de los medios oficiales.
