Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para incorporar US$6.2 millones al Ministerio de Economía en la Ley de Presupuesto 2026, fondos que serán destinados al Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites. La iniciativa será enviada a sesión plenaria, donde los diputados decidirán si aprueban o no la reforma.
El financiamiento permitirá poner en marcha el primer componente del Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, enfocado en la facilitación del comercio e inversiones. La apuesta es reducir la burocracia, agilizar servicios públicos y mejorar la eficiencia institucional para favorecer la actividad económica.
Modernización en al menos 20 entidades
Según explicó Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el programa contempla el desarrollo de sistemas informáticos para automatizar procesos en al menos 20 instituciones públicas que participan en la emisión de permisos y gestiones necesarias para actividades comerciales privadas.
Entre las entidades que serán fortalecidas se encuentran la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Los recursos se utilizarán para:
- Contratar servicios especializados para el desarrollo de sistemas de digitalización de trámites.
- Implementar la firma electrónica en procesos administrativos.
- Adquirir licencias para la operación y mantenimiento de plataformas tecnológicas en la SRS y APLAN.
- Modernizar, integrar y estandarizar sistemas de inventarios institucionales, incluyendo módulos de activos fijos, medicamentos y mercancías.
- Financiar servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico que garanticen la calidad y sostenibilidad de los proyectos.
Origen de los fondos
Los $6.2 millones provienen de un préstamo por US$75 millones autorizado el 13 de junio de 2023 por la Asamblea Legislativa para ser suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El contrato fue firmado el 21 de junio y ratificado el 4 de julio de ese mismo año.
Con esta reforma presupuestaria, el Ejecutivo busca acelerar la digitalización institucional y crear un entorno más ágil para emprendedores, inversionistas y empresas. La decisión final quedará en manos del pleno legislativo, que deberá votar si aprueba o no la incorporación de los fondos.
