Redacción Dinero.com.sv 
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de garantizar que los productos importados al país no provengan de prácticas laborales injustas, como el trabajo forzado, obligatorio o el trabajo infantil.
La modificación fortalece los controles en el comercio exterior y busca asegurar que las importaciones cumplan con los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos a nivel internacional.
Nuevo artículo 27-A
La reforma incorpora el artículo 27-A dentro del apartado “Sistema Aduanero” (título II), capítulo II, relacionado con el “Control Aduanero, de los Entes Fiscalizadores y sus Atribuciones”.
Este nuevo artículo establece que la Dirección General de Aduanas (DGA), a través de sus dependencias, solicitará a los importadores una declaración escrita en la que aseguren que los bienes que introducen al país no han sido fabricados mediante trabajo forzado, obligatorio o trabajo infantil.
La disposición también faculta a la DGA para solicitar información o documentación adicional cuando existan señales de alerta que generen dudas razonables sobre el origen de los productos. La verificación podrá abarcar toda la cadena de suministro, incluyendo fabricación, ensamblaje y distribución.
Sanciones y medidas inmediatas
Si se comprueba que un importador presentó información falsa o no entregó la documentación requerida, podrá enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales.
Además, la DGA podrá adoptar medidas inmediatas como detener el trámite aduanero, retener preventivamente la mercancía, negar su ingreso al país o aplicar otras acciones contempladas en la legislación vigente.
La institución trabajará en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para definir los mecanismos de cooperación, intercambio de información y aplicación de la normativa. Ambas entidades deberán realizar ajustes en sus sistemas informáticos e incorporar herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos para fortalecer la supervisión.
La reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Compromiso internacional
El Estado salvadoreño, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reafirma con esta medida su compromiso con el respeto de los derechos laborales fundamentales, especialmente la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
Estas prácticas están prohibidas por el Convenio 182 de la OIT y también por la legislación nacional, como la Ley Crecer Juntos, que protege a la niñez y adolescencia frente a actividades que puedan afectar su salud, seguridad o desarrollo integral.
Con esta reforma, la Asamblea busca fortalecer el comercio responsable y asegurar que las importaciones cumplan con estándares laborales internacionales, reforzando así la transparencia y la ética en las operaciones aduaneras.
