Redacción Dinero.com.sv 
Con el propósito de impulsar el crecimiento económico y fortalecer la expansión de empresas que ya operan en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, un nuevo marco legal que introduce incentivos fiscales y regulaciones especiales dirigidas a capitales nacionales y extranjeros con trayectoria en el país.
La normativa está orientada a empresas con al menos una década de operaciones comprobadas en territorio salvadoreño que decidan ampliar sus actividades productivas. El beneficio aplicará a inversiones que se desarrollen en sectores estratégicos como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y derivados, entre otros vinculados a la industria manufacturera.
Durante el análisis legislativo, se destacó que la aprobación de esta ley responde a un momento clave del proceso de transformación económica que atraviesa el país, en el cual se busca consolidar un entorno favorable para la inversión, basado en seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras para el sector productivo.
La diputada Dania González señaló que el nuevo marco legal prioriza el respaldo a empresas que ya generan empleo y aportan al dinamismo económico, reconociendo su permanencia y compromiso con el desarrollo nacional. Según estimaciones oficiales, alrededor de 3,000 empresas podrían acogerse a estos incentivos, lo que tendría un impacto directo en la generación de nuevas inversiones y la ampliación de operaciones existentes.
En la misma línea, el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, explicó que la iniciativa surgió tras escuchar de forma reiterada a empresarios que manifestaban la necesidad de contar con estímulos específicos para proyectos de expansión. Indicó que, si bien el país ya dispone de regímenes de incentivos para nuevas inversiones, hacía falta un instrumento legal enfocado en empresas que buscan crecer y reinvertir en el país.
Incentivos fiscales escalonados
La ley establece un sistema de créditos tributarios progresivos, que varían según el monto de la inversión de expansión. Las inversiones que se ubiquen entre US$1 millón y US$10 millones podrán acceder a un crédito fiscal del 10%. Para montos entre US$10 millones y US$20 millones, el incentivo será del 20%, mientras que las inversiones que superen los US$20 millones podrán optar a un crédito del 30%.
Adicionalmente, las empresas beneficiarias estarán exentas del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces en la compra de inmuebles destinados a la expansión, siempre que estos se mantengan en uso productivo por un período mínimo de cinco años.
Qué se considera inversión de expansión
La normativa define como actividades válidas de expansión la apertura de nuevas líneas de producción, la construcción o adquisición de infraestructura industrial y logística, la compra de maquinaria y tecnología, la creación de centros de investigación y desarrollo y la ampliación de la capacidad productiva. Se establece expresamente que los proyectos no podrán consistir únicamente en la sustitución de activos existentes ni implicar una reducción de las operaciones actuales.
Requisitos y supervisión
Para acceder a los beneficios, los inversionistas deberán presentar un perfil de inversión, demostrar cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras y obtener un Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía.
La supervisión del cumplimiento de la ley estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Inversiones, y del Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos. Ambas instituciones realizarán inspecciones y controles para asegurar que los incentivos sean utilizados de forma adecuada y que las inversiones cumplan con las disposiciones técnicas, ambientales, laborales y fiscales.
Con esta nueva legislación, El Salvador busca consolidar un modelo de crecimiento que incentive la reinversión productiva, fortalezca la competitividad del aparato industrial y promueva la generación sostenida de empleo formal en sectores clave de la economía.
