Alejandra Ortiz Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales para agilizar la contratación y financiamiento de proyectos de infraestructura educativa. Entre los beneficios clave se encuentran exenciones fiscales y pagos anticipados de hasta el 50% del monto adjudicado, con el objetivo de reducir tiempos y costos en la ejecución de las obras.
Las nuevas reglas permitirán que las instituciones públicas aceleren la remodelación y construcción de escuelas. Además, las empresas contratadas estarán exoneradas del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles (IVA) en compras locales y exportaciones, así como de aranceles y gravámenes sobre la importación de maquinaria y materiales necesarios.
Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán demostrar experiencia comprobada en proyectos estatales y presentar garantías financieras, como pagarés del 100% del contrato. Esto busca evitar fraudes, ya que en el pasado se han registrado retrasos de hasta nueve meses por documentos falsos.
La Unidad de Compras del Ministerio de Educación será la encargada de verificar la legalidad de estas garantías. En caso de que se detecte falsedad documental, la institución podrá iniciar un nuevo proceso de licitación sin demoras, evitando que los proyectos queden paralizados.
Otra disposición clave es que los contratos podrán ser modificados o prorrogados por causas de fuerza mayor o interés público. De esta manera, se brinda mayor flexibilidad para enfrentar imprevistos sin necesidad de iniciar nuevos procesos burocráticos.
El decreto tendrá una vigencia de dos años y prevalecerá sobre cualquier otra normativa en conflicto, incluida la Ley de Compras Públicas. Con estas medidas, el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura educativa y reducir la burocracia en la contratación de obras.
