Denis Muñoz El nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pone en juego el poder transformador de los gobiernos locales y regionales para reducir desigualdades en América Latina y el Caribe. Un eje central del informe es la necesidad urgente de fortalecer las finanzas subnacionales, ya que estas administraciones manejan, en promedio, el 20% del gasto público de la región, y hasta el 50% en algunos países. Sin embargo, lo hacen con recursos limitados, reglas fiscales débiles y sin acceso a financiamiento sostenible.
CAF destaca que mejorar la gestión fiscal local no solo es esencial para prestar mejores servicios en salud, educación e infraestructura, sino también para afrontar desafíos como el cambio climático o la informalidad. El informe propone una revisión profunda de los esquemas de financiamiento, con incentivos claros, reglas más estables y mayor previsibilidad en la transferencia de recursos desde los niveles centrales.
Las disparidades en la capacidad financiera entre territorios son marcadas. Mientras algunas jurisdicciones logran cierta autonomía fiscal, muchas otras dependen casi totalmente de transferencias nacionales, lo que las deja vulnerables y limita su capacidad de planificar a largo plazo. Por ello, el informe sugiere un rediseño de los sistemas de transferencias, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión de ingresos propios.
Además, el RED subraya la importancia de una gobernanza más coordinada entre los distintos niveles de gobierno, con una visión estratégica y territorial que promueva la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La creación de mecanismos de gobernanza multinivel y de herramientas para la planificación conjunta resulta esencial para lograr un desarrollo territorial más equilibrado.
Como complemento, CAF lanza el Atlas de Gobiernos Locales y Nacionales, una herramienta única con 35 indicadores clave que permiten monitorear el desarrollo subnacional en 29 países. Esta base de datos facilitará el análisis de brechas territoriales y el diseño de políticas públicas con base en evidencia, con especial atención a las condiciones fiscales de cada jurisdicción.
