Denis Muñoz La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, contempla un aumento significativo en los costos de diversos trámites migratorios. Entre las medidas más controversiales se incluye el establecimiento, por primera vez, de una tarifa de US$1,000 para solicitar asilo, una figura legal diseñada para proteger a personas que huyen de la persecución en sus países de origen.
El costo por tramitar un permiso de trabajo se fijó en US$550, con una validez reducida a seis meses. Además, quienes tengan una solicitud de asilo pendiente deberán pagar una cuota anual de US$100, lo que representa una carga adicional para miles de personas en espera de una resolución migratoria.
También se encarecen otros procedimientos importantes: apelar una decisión de un juez de migración ahora costará US$900, frente a los US$110 previos; mientras que solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de costar menos a tener una nueva tarifa de US$500. Estos incrementos podrían limitar el acceso a derechos fundamentales para comunidades vulnerables.
La ley, impulsada por el presidente Donald Trump como parte de su megaproyecto presupuestario, canalizará miles de millones de dólares hacia iniciativas de control migratorio. Según se detalla, el presupuesto destinado a inmigración será ocho veces superior al del FBI y 13 veces mayor que el de la DEA, reflejando una prioridad clara en materia de seguridad fronteriza.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas nuevas medidas dificultarán aún más el acceso al sistema de asilo y protección, elevando las barreras económicas para quienes ya enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad.
