Denis Muñoz Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede retener miles de millones de dólares en fondos de asistencia exterior aprobados por el Congreso. La decisión, emitida con una votación de 2 a 1, revocó un fallo previo de un juez federal de Washington que consideraba que dicha acción violaba los principios de separación de poderes establecidos en la Constitución.
El fallo supone una victoria para la política de Trump de limitar el financiamiento de programas internacionales que su administración desaprobaba y de reducir el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La medida permite al Ejecutivo retener fondos previamente autorizados por el poder legislativo, generando un precedente sobre el alcance de la autoridad presidencial en el manejo del presupuesto federal.
La jueza Karen LeCraft Henderson, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que los demandantes —entre ellos organizaciones sin fines de lucro y empresas— no contaban con fundamentos legales sólidos para presentar una demanda. Henderson señaló que únicamente el Contralor General de Estados Unidos, a través de una ley específica, podría impugnar formalmente decisiones de embargo de fondos. En su opinión, los demandantes no podían ampararse en reclamos constitucionales independientes ni en disposiciones legales ajenas al caso.
La decisión contó también con el apoyo del juez Greg Katsas, designado por Trump, mientras que la jueza Florence Pan, nominada por el presidente Joe Biden, emitió un voto disidente. Pan advirtió que la resolución pasaba por alto “las graves implicaciones de este caso para el estado de derecho y la estructura misma de nuestro gobierno”, subrayando que la retención unilateral de fondos por parte del Ejecutivo podría socavar el equilibrio de poderes.
Las organizaciones demandantes aún podrían solicitar que el pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC reconsidere el caso. El fallo, sin embargo, deja sin resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de que el presidente se niegue a gastar recursos aprobados por el Congreso, manteniendo abierto un debate de gran relevancia para la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo en Estados Unidos.
