Alejandra Ortiz El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha requerido un estudio actuarial fundamental al gobierno salvadoreño antes de cualquier nueva reforma de pensiones. Este análisis busca evaluar los impactos de futuras modificaciones al sistema, basándose en los cambios implementados en 2022. La solicitud subraya la importancia de una base técnica sólida para asegurar la estabilidad financiera.
Patricio Pineda explicó que el estudio actuarial permitirá evaluar la sostenibilidad del sistema previsional y el impacto de una potencial reforma. Este proceso ofrece mayor seguridad a los cotizantes y funciona como una herramienta técnica para justificar reformas o buscar financiamiento a largo plazo. Es un paso crucial para la confianza pública.
Originalmente, el FMI había fijado julio como fecha límite para la publicación de este informe, pero ha extendido el plazo hasta septiembre. La organización financiera internacional ha indicado que la propuesta de reforma debería estar en vigor para febrero de 2026. Este retraso busca asegurar una evaluación exhaustiva y precisa.
Este estudio actuarial, ahora previsto para septiembre, fue revelado en el informe del FMI sobre la revisión del Artículo IV para El Salvador. Este documento también detalló el progreso del país en el cumplimiento de las metas acordadas con el organismo, que son parte esencial de su programa de ajuste fiscal.
La nueva reforma de pensiones, según los documentos del acuerdo, tiene como objetivo principal la sostenibilidad del sistema. El FMI busca que el Estado salvadoreño logre ahorros fiscales significativos a través de esta iniciativa. La transparencia y el rigor técnico son fundamentales en este proceso para el futuro financiero del país.
Este enfoque en la sostenibilidad del sistema de pensiones y la búsqueda de ahorros fiscales son cruciales para El Salvador. Asegurar la viabilidad a largo plazo de las pensiones beneficia directamente a los ciudadanos, brindando certidumbre y estabilidad económica. Es un paso positivo hacia un futuro financiero más robusto para la nación.
Además, FMI ha recomendado al gobierno de El Salvador la implementación de nuevos impuestos y la ampliación de la base impositiva para incrementar los ingresos fiscales. Estas sugerencias forman parte de la revisión anual del FMI a las finanzas salvadoreñas, un documento clave dado el acuerdo de US$1,400 millones que el gobierno tiene con la institución. El FMI propone que se evalúen medidas para racionalizar regímenes tributarios especiales y aumentar tasas en diversos impuestos existentes.
Entre las recomendaciones más específicas, el FMI sugiere la creación de un impuesto de entrada turística para no residentes, con un costo propuesto de US$20 por persona. Esta medida busca generar ingresos adicionales directamente de la actividad turística. En general, el organismo insta a las autoridades salvadoreñas a considerar diversas opciones para fortalecer la recaudación y asegurar la sostenibilidad fiscal del país.
