Alejandra Ortiz La empresa estadounidense SBA Telecommunications LLC solicitó adquirir Lati El Salvador, S.A. de C.V., compañía de torres de telecomunicaciones que actualmente pertenece a Millicom. La Superintendencia de Competencia de El Salvador ya estudia esta solicitud de concentración económica y emitirá una resolución en un plazo de 90 días.
Lati El Salvador se encarga de gestionar infraestructura clave para servicios móviles y de internet, como torres y sitios de telecomunicaciones. En tanto, SBA se especializa en soluciones de infraestructura pasiva para comunicaciones, y opera de forma similar en distintos países. De aprobarse, esta adquisición podría transformar el mercado de telecomunicaciones salvadoreño.
El sector de telecomunicaciones en El Salvador ha experimentado un crecimiento significativo desde la liberalización en 1996 y la privatización de servicios, posicionándose como uno de los más competitivos de América Latina. Según datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), en 2022 había 11.5 millones de líneas móviles, superando la población de 6.5 millones, con una teledensidad histórica superior al 150% y cobertura móvil del 93% del territorio.
Las suscripciones a internet alcanzaron 992,293 en 2022, un 60% más que en 2020, reflejando un aumento en el uso para educación, comercio electrónico y redes sociales. Este mercado posee una alta prevalencia de servicios prepago, que facilitan el acceso en zonas urbanas y rurales. La penetración móvil es notablemente alta, superando el promedio de América Latina y el Caribe, según Información y Tecnología de Comunicaciones en El Salvador.
El Banco Mundial sugiere que un aumento del 10% en la penetración de banda ancha puede incrementar el PIB en 1.38% para El Salvador, donde la conectividad impulsa sectores clave como la salud, la educación y el comercio. En 2023, el PIB de El Salvador fue de 34.02 mil millones, con un crecimiento del 3.5%, y el sector de telecomunicaciones juega un papel crucial en este desarrollo, especialmente en un contexto de digitalización acelerada.
Desde que se admitió a trámite la solicitud, la SC tiene 90 días hábiles para emitir su resolución, evaluando aspectos técnicos, jurídicos y económicos, para determinar el impacto en la competencia y en el bienestar de los consumidores, conforme al artículo 34 de la Ley de Competencia.
