Denis Muñoz El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la deuda pública global podría rozar el 100% del PIB mundial para finales de esta década, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia. Este aumento, especialmente en países en desarrollo y mercados emergentes, limita los recursos destinados a programas sociales, reduce la capacidad de respuesta ante crisis y eleva los costos de financiamiento.
El organismo destacó que, además de emitir más deuda, muchos países están recurriendo a formas de financiamiento complejas y poco transparentes, como contratos garantizados y asociaciones público-privadas. Estos mecanismos pueden generar «deuda oculta», difícil de identificar y que suele descubrirse solo en procesos de reestructuración, lo que daña la confianza y puede detonar crisis de deuda.
Ante esta situación, el FMI subraya que la transparencia de la deuda debe considerarse un bien público. Una legislación clara y actualizada es esencial para definir qué se entiende por deuda pública, quién puede adquirirla y bajo qué condiciones. Sin embargo, su análisis en 85 países reveló que en muchos casos las leyes son insuficientes, están mal aplicadas o dejan fuera de supervisión deudas importantes como las de empresas públicas o gobiernos subnacionales.
El Fondo también insiste en que las autoridades deben rendir cuentas por sus decisiones financieras, incluyendo auditorías efectivas con resultados públicos. Para avanzar en este tema, el FMI organizó una conferencia internacional y ha fortalecido su trabajo técnico y legal con más de 200 misiones de apoyo en los últimos dos años.
Entre las recomendaciones concretas se encuentra promulgar y aplicar leyes que obliguen a divulgar información sobre la deuda pública, utilizar reformas legales como puente para generar consenso nacional, y asegurar que las instituciones encargadas tengan capacidad real para aplicar y supervisar estas normas.
El FMI enfatiza que lograr una deuda pública transparente no depende solo de buenos datos, sino también de marcos jurídicos sólidos, instituciones responsables y voluntad política. Solo así los países podrán garantizar finanzas sostenibles y evitar futuras crisis.
