Redacción Dinero.com.sv 
Diecinueve individuos fueron arrestados hoy en los Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador en relación con cargos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude de visas. Cinco de los arrestados enfrentan cargos en una acusación formal en los Estados Unidos por su participación en un esquema transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero que defraudó a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica que buscaban trabajar legalmente en los Estados Unidos. Las víctimas fueron estafadas por más de US$2.5 millones.
Los acusados en los Estados Unidos enfrentan cargos de conspiración por cometer crimen organizado, conspiración por lavado de dinero y conspiración por defraudar a los Estados Unidos al hacerse pasar por funcionarios estadounidenses y al utilizar indebidamente o falsificar sellos e insignias de departamentos y agencias de los Estados Unidos. Uno de los acusados fue detenido en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas. Los otros tres estadounidenses acusados fueron arrestados en Medellín, Colombia. El detenido en Sacramento compareció hoy por primera vez ante un juez; el otro lo hará mañana. Los tres detenidos en Colombia enfrentarán procesos de extradición. Un acusado más, también en Colombia, continúa prófugo.
Otros individuos detenidos en esta operación internacional de las fuerzas del orden fueron arrestados en el Ecuador y El Salvador, y probablemente enfrentarán cargos separados en esos países.
“Estos acusados están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos”, dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Según se alega, los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas. La División Criminal perseguirá de manera enérgica los esquemas que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales”.
“El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) está comprometido con proteger la integridad de los documentos de viaje de los Estados Unidos e investigar a quienes buscan explotar el proceso de visas y pasaportes”, afirmó el Jefe Joseph Jung, de la División de Investigaciones Criminales en el Exterior del DSS. “Esta operación demuestra la fortaleza de nuestras alianzas internacionales en la aplicación de la ley y nuestra determinación de responsabilizar a los defraudadores. El DSS se enorgullece de haber apoyado este esfuerzo coordinado, que ha resultado en arrestos en cuatro países y en la desarticulación de un esquema transnacional de fraude de visas y financiero que afectaba a víctimas en toda América Latina y del Sur.”
“HSI y nuestros socios federales han logrado desmantelar un sofisticado esquema internacional de fraude migratorio, valorado en varios millones de dólares, que no solo abarcaba múltiples países, sino que también se aprovechaba de miles de migrantes que buscaban ingresar a los Estados Unidos de la manera correcta”, declaró Ricardo Mayoral, Director Adjunto de Operaciones Internacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Nuestra misión es restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestra nación después de años de abuso y negligencia. HSI y nuestros socios federales no descansarán hasta erradicar por completo esta amenaza.”
“La Oficina de Investigaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Oficina del Inspector General (USAID/OIG), trabaja en estrecha coordinación con nuestros homólogos encargados de hacer cumplir la ley para interrumpir de manera enérgica la actividad delictiva en todo el mundo y garantizar consecuencias significativas para quienes defraudan a los Estados Unidos”, afirmó Zachary Baumgart, agente especial a cargo en funciones de la USAID/OIG.
Las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que estaban participando en un proceso legítimo de solicitud de visas por medio de páginas de Facebook y otros sitios web que anunciaban de manera fraudulenta asistencia para obtener supuestas visas de trabajo legales para los Estados Unidos. Por el contrario, las víctimas eran guiadas por un proceso falso y elaborado, durante el cual los co-conspiradores, llamados “asesores” (consultores), fingían ayudar con el proceso de solicitud y hacían declaraciones falsas durante llamadas y comunicaciones electrónicas sobre ofertas laborales disponibles. Estos asesores operaban desde centros de llamadas ilegales en Colombia.
Como parte del fraude, los acusados y los otros co-conspiradores se hicieron pasar por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en videollamadas e indujeron a las víctimas a realizar transferencias bancarias internacionales supuestamente para pagar tarifas exigidas por los Estados Unidos a intermediarios en al menos 16 estados de los Estados Unidos. A las víctimas se les mostraba documentos falsificados, como supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo que incluían réplicas falsificadas de sellos de departamentos y agencias del gobierno estadounidense. El dinero obtenido mediante el engaño era lavado a medida que pasaba de los intermediarios en los Estados Unidos a los líderes de la organización; normalmente cambiaba de manos al menos dos veces, y a menudo con mayor frecuencia.
Creyendo que tenían citas reales en embajadas de los Estados Unidos en sus países de origen para obtener una visa americana válida, sin saberlo las víctimas se presentaban en las embajadas para citas que no existían. De hecho, no se les otorgó a las víctimas ninguna visa legítima ni ningún otro servicio. Algunas víctimas viajaron largas distancias para presentarse a citas inexistentes en embajadas estadounidenses.
Hasta la fecha, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas, y existen pruebas de que más de 7.000 personas adicionales fueron captadas por el esquema fraudulento. Las pérdidas denunciadas por las víctimas oscilan entre aproximadamente US$50 y US$90.000 por persona. Entre aproximadamente 2021 y la actualidad, los miembros de la organización han sido responsables de alrededor de US$2,5 millones enviados por víctimas de hasta 15 países hacia los Estados Unidos en relación con este esquema.
Arrestos en los Estados Unidos
Los seis acusados imputados el 1 de octubre de 2025, en el Distrito Sur de Florida son los siguientes:
Edwin Alberto Correa-David supervisaba aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, incluyendo decidir qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué beneficiarios de fondos en los Estados Unidos emplear como intermediarios.
Andres Giraldo-Ospina, otro de los líderes en Medellín, era responsable de la creación de múltiples sitios web fraudulentos y proporcionaban asistencia técnica a los centros de llamadas cuando los sitios web no funcionaban correctamente. Con el tiempo, también se hizo cargo de la dirección de un grupo adicional de centros de llamadas además de aquellos supervisados por Correa.
Danna Pamela Porras-Marin administraba un centro de llamadas en Medellín y daba apoyo administrativo de amplio alcance a otros centros. También obtuvo y diseñó los sitios web utilizados en el fraude.
Esteban Robledo-Correa empezó como un intermediario en los Estados Unidos y reclutó y gestionó a otros intermediarios para recibir fondos de las víctimas y después transferirlos a otros destinos. Después de regresar a Colombia, ayudó a administrar centros de llamadas en Medellín. Robledo-Correa continúa prófugo.
Julian Giraldo-Ospina, quien fue arrestado en Sacramento, California, supervisaba a un grupo de intermediarios que lavaba dinero en el área de Sacramento, y trabajaba con su hermano Andres Giraldo-Ospina en la dirección de un centro con sede en Medellín.
Viviana Urrego-Rojas, quien fue arrestada en Denton, Texas, coordinaba a intermediarios para recibir dinero de las víctimas y después enviaba los fondos de regreso a Colombia.
Arrestos adicionales en Colombia, El Salvador y Ecuador
Los arrestos realizados en los Estados Unidos y Colombia fueron parte de una operación coordinada de aplicación de la ley en cuatro países. En Colombia, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia – Unidad de Investigación Criminal Transnacional y la Fiscalía General de la Nación de Colombia realizaron los arrestos, así como los registros de tres centros de llamadas.
En El Salvador, una investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General resultó en la detención de seis personas vinculadas a este y otros esquemas de fraude de visas.
La Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) de la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado del Ecuador para la provincia del Guayas, ejecutó operativos simultáneos en cinco ciudades del país, lo que resultó en la detención de ocho personas y el allanamiento de dos lugares. Estos individuos eran responsables de las operaciones en el Ecuador dentro del esquema de crimen organizado y lavado de dinero.
La acusación es el resultado de una investigación policial realizada con la colaboración de varias agencias, incluyendo USAID/OIG; la Oficina de la Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DSS), el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), incluyendo HSI el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Operaciones de Control y Deportación, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Se recibió asistencia significativa de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia – Unidad de Investigación Criminal Transnacional, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la Policía Nacional de El Salvador, la Fiscalía General de la República de El Salvador, la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía General del Estado del Ecuador para la provincia del Guayas.
Las abogadas litigantes Amy L. Schwartz, Grace Bowen y Kelly Pearson, de la División de Crímenes Violentos y Crimen Organizado del Departamento de Justicia, están procesando el caso. Se recibió asistencia sustancial de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y de la Oficina del Agregado Judicial en Bogotá, Colombia, así como de las Fiscalías Federales del Distrito Sur de Florida, del Distrito Este de California y del Distrito Este de Texas.
Cualquier persona que considere haber sido víctima de este fraude y que aún no haya estado en contacto con las autoridades puede enviar un correo electrónico a FakeVisaVictim@state.gov para presentar un informe.
Una acusación formal es solo una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
