Denis Muñoz 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han llegado a un acuerdo técnico para implementar un programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con un financiamiento de aproximadamente 1.4 mil millones de dólares. Este acuerdo busca atender las necesidades de balanza de pagos del país y apoyar un ambicioso plan de reformas económicas. Su aprobación final dependerá del Directorio Ejecutivo del FMI y del cumplimiento de acciones previas acordadas.
El programa también espera movilizar apoyo financiero adicional de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales, consolidando un paquete global de más de 3.5 mil millones de dólares. Esto permitirá fortalecer la estabilidad fiscal y externa del país, así como crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico inclusivo.
En el ámbito fiscal, el plan contempla una mejora del balance primario equivalente al 3.5% del PIB en tres años, con medidas de ajuste que incluyen una reducción del gasto público y una mejora en la eficiencia de los ingresos fiscales. Estas acciones buscan disminuir la deuda pública, que se estima alcanzará un 85% del PIB en 2024, y garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, protegiendo al mismo tiempo a los sectores más vulnerables.
El programa también prioriza la gobernanza y la transparencia, con reformas orientadas a fortalecer la rendición de cuentas en áreas como la deuda pública, los contratos gubernamentales y las empresas estatales. Además, se implementarán medidas para combatir la corrupción y mejorar los mecanismos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en línea con estándares internacionales.
En el sector financiero, se planea reforzar los colchones de liquidez de los bancos y adaptar la regulación bancaria a las normas de Basilea III, fomentando la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, el financiamiento del FMI contribuirá a incrementar las reservas internacionales del país, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante posibles crisis económicas.
Respecto al uso de activos digitales, el programa incluye reformas para delimitar la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y garantizar que su uso en el sector privado sea voluntario. Además, se fortalecerá la supervisión y regulación de la industria de activos digitales, promoviendo la estabilidad financiera y la protección de consumidores e inversionistas.
Este acuerdo llega en un contexto de recuperación económica impulsada por las remesas y el turismo, aunque persisten desafíos macroeconómicos y estructurales. Las autoridades salvadoreñas y el FMI confían en que este programa impulsará la prosperidad del país, fortaleciendo su estabilidad económica y social.
Se espera que el Directorio Ejecutivo del FMI evalúe y apruebe el programa en febrero de 2025, una vez que se hayan cumplido los compromisos establecidos como condiciones previas.
